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Violaciones Procesales en Materia Mercantil. Debe Agotarse el Principio de Definitividad, Aun en Aquellas Cometidas en Segunda Instancia.
En tratándose de violaciones procesales, el principio de definitividad que prevé el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 161 de la Ley de Amparo, es de observancia obligatoria e impone al quejoso el deber de cumplir con la carga procesal de promover todos los recursos o medios de defensa que estén a su alcance para revocar, modificar o nulificar la violación reclamada antes de acudir a los tribunales federales. Ahora bien, tal principio debe regir de igual manera en aquellas violaciones que se cometan en segunda instancia, respecto de las que, en negocios de naturaleza mercantil, debe agotarse el recurso de reposición que dispone el artículo 1334 del Código de Comercio, conforme a su texto vigente a partir de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis o, en su caso, el de revocación, que preveía dicho artículo antes de las indicadas reformas, aun cuando ya se hayan formulado los agravios en contra de la sentencia definitiva de primer grado, pues ello no es obstáculo para la interposición del recurso de mérito y, por el contrario, de no impugnarse oportunamente la violación no se cumpliría con el principio de definitividad, lo que impediría su estudio en el juicio de amparo uniinstancial, de conformidad con la disposición constitucional citada.
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Precedentes: Amparo directo 608/2004. Alfredo Ortega Rivera. 9 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.
Nota: Por ejecutoria de fecha 2 de febrero de 2005, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 131/2004-PS en que participó el presente criterio.
Semanario Judicial de la Federación, Tesis Aislada, Registro No. 180031, Tesis I.7o.C.57 C, Tomo XX, Noviembre de 2004, Materia Civil, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, P. 2051.
Definitividad en Amparo Directo. Este Principio Exige Para la Procedencia del Juicio, Que se Agoten Previamente los Recursos Ordinarios Procedentes en Contra de la Sentencia o de La Resolución que Pone Fin al Juicio.
Los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo establecen, respectivamente, que se está ante una sentencia definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, cuando decide el juicio en lo principal y respecto de ella las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada; asimismo, se considerará como tal, la dictada en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si la ley se los permite; al igual que la resolución que pone fin al juicio, es decir, la que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes no conceden recurso ordinario alguno; y que el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo contra ese tipo de sentencias es el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Ahora bien, si una resolución que pone fin al juicio o una sentencia son legalmente recurribles, pero el interesado no agota el recurso previsto en la ley y deja transcurrir el término para ello, aunque la sentencia o la resolución ya no puedan ser legalmente modificadas, no por ello deben tenerse como definitivas para los efectos del juicio de amparo directo, pues la situación de facto, consistente en haber dejado transcurrir el término de impugnación, no puede hacerlo procedente, toda vez que ello implicaría soslayar unilateralmente la carga legal de agotar los recursos que la ley prevé, lo que se traduciría en violación al principio de definitividad.
Contradicción de tesis 15/2002-PL. Entre las sustentadas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito. 17 de junio de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintitrés de junio en curso, aprobó, con el número 17/2003, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés de junio de dos mil tres.
Semanario Judicial de la Federación, Jurisprudencia, Registro No. 183,862, Tesis: P./J. 17/2003, Tomo XVIII, Julio de 2003, Materia Común, Novena Época, Pleno, P. 15.
Apelación en Materia Mercantil. Si el Interés del Juicio No es Determinable en Salarios Mínimos, No Puede Regir para la Procedencia del Recurso el Artículo 1340 del Código de Comercio, Sino que Debe Aplicarse la Regla General Contenida en el Artículo 1339 del Propio Ordenamiento, Que Admite la Procedencia de Dicho Medio de Defensa en Contra de las Sentencias Definitivas.
Si bien el artículo 1340 del Código de Comercio señala: "La apelación sólo procede en juicios mercantiles cuando su interés exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento.", tal dispositivo legal indudablemente alude a aquellos asuntos mercantiles en los que se reclame alguna suma de dinero, cuya cuantía sea determinada o determinable. Ya que si la acción ejercida no es determinable en salarios mínimos, sino que consiste en una acción declarativa de nulidad, no puede regir el numeral 1340 antes señalado, para efectos de la procedencia del recurso de apelación, pues en esta hipótesis únicamente se debe estar al contenido del artículo 1339 del Código de Comercio, el cual señala: "Artículo 1339. En los juicios mercantiles, tanto ordinarios como ejecutivos, procederá la apelación en ambos efectos: I. Respecto de sentencias definitivas. [...]".
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Precedentes: Amparo directo 176/2002. Médica del Norte, S.A. de C.V. 12 de septiembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: José Octavio Rodarte Ibarra. Secretaria: Cecilia Aceves Pacheco
Semanario Judicial de la Federación, Tesis Aislada, Registro No. 185262, Tesis XVII.4o.3 C, Tomo XVII, Enero de 2003, Materia Civil, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, P. 1726.
Apelación en Materia Mercantil. El Salario Mínimo General que Debe Tomarse en Cuenta a Fin de Determinar la Cuantía del Negocio para Efectos de la Procedencia de Tal Recurso, Conforme a lo Dispuesto en el Artículo 1340 del Código de Comercio, Debe Ser el Vigente en la Fecha de Interposición de la Demanda.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1340 del Código de Comercio el recurso de apelación sólo procede en los juicios mercantiles cuando su interés exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento; sin embargo, tal numeral es omiso en precisar con exactitud si el salario mínimo que debe tomarse en consideración para efectos de determinar la cuantía del negocio, es el vigente en la fecha de interposición de la demanda, o bien, del recurso, por lo que ante tal laguna y en atención a que, por un lado, de una interpretación histórica y sistemática del referido precepto, así como de las exposiciones de motivos de sus reformas, esa cantidad ha sido actualizada en diversas ocasiones para ajustarla a la realidad económica y, por otro, que la cuantía, en términos generales, se encuentra determinada desde la presentación de la demanda, se colige que el salario mínimo general que debe servir de base para efectos del cálculo relativo y para que tal medio de impugnación sea procedente, es el que se encuentre vigente en la fecha de presentación de la demanda. Además, tal conclusión representa mayor seguridad jurídica y certeza para las partes en el juicio mercantil, al no estar supeditadas a los incrementos de los salarios mínimos generales pues, de adoptarse el criterio de que el que debe tomarse en consideración, para los efectos antes precisados, sea el que se encuentre vigente en la fecha de interposición del recurso, se llegaría al extremo de que si en determinada fecha fuera procedente ese medio de defensa, con el solo transcurso de uno o más días, dejaría de serlo, en virtud del incremento que tuvieran los salarios mínimos generales.
Precedentes: Contradicción de tesis 29/2000-PS. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Primer Circuito. 12 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez.
Tesis de jurisprudencia 102/2001. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de catorce de noviembre de dos mil uno, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Semanario Judicial de la Federación, Jurisprudencia, Registo No. 188304, Tesis 1a./J. 102/2001, Tomo XIV, Diciembre de 2001, Materia Civil, Novena Época, Primera Sala, P. 5.
Consolidación Fiscal. La Constancia de Recepción del Pago Provisional del Impuesto Sobre la Renta en Relación con el Resultado de los Estados Consolidados de las Sociedades Controladoras, Obtenida de la Red de Internet, Acredita el Acto de Aplicación de Los Artículos 57-E, 57-K, 57-N Y 57-Ñ de La Ley de la Materia, Vigentes a Partir del Primero de Enero de Mil Novecientos Noventa y Nueve, Para Efectos del Juicio de Amparo.
De una interpretación armónica y sistemática de lo dispuesto en el artículo 31, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación y en la regla número 2.10.13. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1998, se desprende que las sociedades controladoras que consolidan sus resultados para efectos fiscales, tienen la obligación legal de presentar sus pagos provisionales mensuales y la declaración anual del ejercicio fiscal de que se trate, a través de medios electrónicos. Ahora bien, si una sociedad controladora, en cumplimiento de las obligaciones fiscales antes precisadas, presenta sus declaraciones y pago correspondiente a través de esos medios, la prueba consistente en la constancia de recepción de la declaración provisional, que obtuvo de la red de internet, sí puede considerarse como idónea para acreditar el acto de aplicación de las normas reclamadas en el juicio de garantías, toda vez que la constancia de referencia es el único documento que puede obtener la sociedad que realiza su pago de esa forma. Por consiguiente, si tal documento no es objetado oportunamente por las autoridades hacendarias, no es posible, por razones de seguridad jurídica, poner en duda su autenticidad y contenido, sin que obste a lo anterior el hecho de que en el mencionado artículo 31, párrafo segundo, se establezca que: "[...] Adicionalmente, los contribuyentes podrán presentar la declaración correspondiente en las formas aprobadas por la citada dependencia, para obtener el sello o impresión de la máquina registradora de la oficina autorizada que reciba el pago [...]", pues del propio numeral se advierte que no es obligatorio para los contribuyentes presentar la declaración correspondiente en las formas aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Amparo en revisión 1825/99. Industrias Electrolux, S.A, de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinte de septiembre en curso, aprobó, con el número XVII/2001, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinte de septiembre de dos mil uno.
Semanario Judicial de la Federación, Tesis Aislada, Registro No. 188,651, Tesis P. XVII/2001, Tomo XIV, Octubre de 2001, Materias Constitucional, Administrativa, Novena Época, Pleno, P. 20.
Apelación en el Efecto Devolutivo. La Resolución que Admite el Recurso, No es Acto de Imposible Reparación para Efectos del Amparo.
La resolución que admite el recurso de apelación en el efecto devolutivo es un acto dentro de juicio que no tiene ejecución de imposible reparación, en virtud de que, de acuerdo con su contenido y alcances legales, no es una resolución constitutiva de derechos, ni de condena, sino que es simplemente declarativa, al haber admitido a trámite el recurso de que se trata, pero el juicio continúa porque no es una resolución con la que culmina; por lo tanto, el amparo promovido en su contra resulta improcedente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, en relación con los diversos 114, fracción IV, 158, último párrafo, y 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.
Amparo en revisión 234/97. Arturo de Jesús Soberanes González. 3 de junio de 1997. Mayoría de diez votos. Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Juan José Franco Luna.
Amparo en revisión 1131/96. Enrique Riveros Cárdenas. 3 de junio de 1997. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Alberto Flores García.
Amparo en revisión 2861/97. Domingo Domínguez Barraza y coags. 24 de agosto de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Jesús Enrique Flores González.
Amparo en revisión 2289/97. José Alfredo Monjardín López y coag. 24 de agosto de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Arturo Aquino Espinosa.
Amparo en revisión 1710/98. Sócrates Adán Saquelares López, su sucesión. 24 de agosto de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de octubre en curso, aprobó, con el número 131/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve.
Semanario Judicial de la Federación, Jurisprudencia, Registro No. 192,838, Tesis: P./J. 131/99, Tomo X, Noviembre de 1999, Materia Común, Novena Época, Pleno, P. 20.
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