Arbitraje. Los Laudos Firmes Adquieren la Categoría de Cosa Juzgada.

Árbitro. Sus Resoluciones son Actos de Autoridad, y su Ejecución le Corresponde al Juez Designado por las Partes.

Para la ejecución de un laudo arbitral es preciso la mediación de un acto realizado por un órgano jurisdiccional que, sin quitarle la naturaleza privada, asume su contenido, de modo que el laudo es ejecutable por virtud del acto jurisdiccional, que sólo es el complemento necesario para ejecutar lo resuelto por el árbitro, ya que el laudo es una resolución dictada por el árbitro que dirime la controversia suscitada entre las partes, con calidad de cosa juzgada y constituye título que motiva ejecución, ante el Juez competente que debe prestar los medios procesales necesarios para que se concrete lo resuelto en el laudo. Por lo tanto, el laudo es una resolución que tiene los atributos de inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad, sólo que la eficacia y realización concreta de lo condenado quedan siempre al Juez competente designado por las partes o el del lugar del juicio. El árbitro carece de la facultad de hacer cumplir, ante sí, el laudo que emitió, porque no tiene la potestad o imperium, que es uno de los atributos de la jurisdicción y que es inherente a los órganos jurisdiccionales del Estado. Ello implica que el árbitro carece de la fuerza del Estado para hacer efectiva la condena, pero el laudo en sí mismo no está despojado de los atributos de la cosa juzgada, puesto que la facultad de decidir la controversia es una delegación hecha por el Estado a través de la norma jurídica, y sólo se reserva la facultad de ejecutar. El Juez ante quien se pide la ejecución de un laudo dictado por un árbitro, para decretar el requerimiento de pago, únicamente debe y puede constatar la existencia del laudo, como una resolución que ha establecido una conducta concreta, inimpugnable e inmutable y que, por ende, debe provenir de un procedimiento en el que se hayan respetado las formalidades esenciales del procedimiento, y que no sea contrario a una materia de orden público.

Novena Época:

Amparo directo 1303/2001. Constructora Aboumrad Amodio Berho, S.A. de C.V. 8 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Lina Sharai González Juárez.

Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Tesis por contradicción 2a./J. 56/2001 Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Página 31.

El hoy derogado capítulo séptimo de la Ley del Mercado de Valores, denominado "De los procedimientos para proteger los intereses del público inversionista", tenía como finalidad el establecimiento de normas protectoras para el público inversionista en sus relaciones jurídicas con casas de bolsa y, por ende, el legislador previó que el cliente estuviera en la posibilidad de acogerse a los beneficios señalados en dicho capítulo, dentro de los cuales se determinaba el procedimiento conciliatorio y el de arbitraje, pero ello sólo constituía una posibilidad para poder dirimir los problemas que se suscitaran entre estas partes, quedando a la potestad del inversionista acudir a él o no antes de establecer un procedimiento jurisdiccional; en cambio, las casas de bolsa, por mandato expreso del artículo 87 de la Ley del Mercado de Valores, estaban obligadas a agotar ese procedimiento antes de ejercer cualquier acción procesal en contra de su clientela, salvo en caso de reconvención. Por lo tanto, si el inversionista agota el procedimiento conciliatorio y no llega a conciliar sus diferencias con la casa de bolsa, derivadas éstas de una operación bursátil y ambas partes deciden someterse al procedimiento de arbitraje, quedando establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que ante el árbitro escogido para tal efecto se deberían de dar las bases para el referido arbitraje, sin que ninguna lo hubiere realizado, es indiscutible que esta conducta determina el abandono del procedimiento por la imposibilidad de que éste se pueda realizar y así no se puede exigir el agotamiento del mismo previamente a la instauración de cualquier acción procesal.

Novena Época:

Amparo directo 92/2001. Multivalores Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Multiva Grupo Financiero. 27 de marzo de 2001. Mayoría de votos. Disidente: Víctor Manuel Islas Domínguez. Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera.

Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Junio de 2001, Tesis I.12o.C.10 C, Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Página 667.

Por razón de técnica procesal, primero debe analizarse la personalidad de los promoventes a nombre de la Comisión Permanente de Arbitraje Comercial de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, por ser ésta cuestión de orden público que debe estudiarse aun de oficio, cuando a través de su árbitro único y secretario técnico se promovió la demanda de garantías, para así determinar si fue interpuesta por conducto de los legítimos representantes de la persona moral mencionada, que lo son, limitativamente, el consejo directivo y su presidente, como lo disponen sus estatutos en los artículos 38 y 40 de la aludida cámara.

Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Junio de 2001, Tesis I.6o.C.210 C, Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Página 665.

Valoración Crítica de la Nueva Ley de Arbitraje.