I. IMPULSO PROCESAL.
PRIETO CASTRO afirma, que el impulso procesal es la fuerza o actividad que pone en movimiento el proceso y lo hace avanzar hacia su fin una vez iniciado. CHIOVENDA lo define como la actividad que se propone tan sólo obtener el movimiento progresivo de la relación procesal hacia su término.
De este modo, el proceso civil se desarrolla a través de sucesivas fases desde su iniciación hasta su conclusión; es por ello necesario una actividad encaminada a que, una vez concluida una fase, el proceso entre en la siguiente.
A esta actividad se llama “impulso procesal” y puede encomendarse o a las mismas partes o al propio órgano jurisdiccional: en el primer caso se habla de impulso de parte y en el segundo de impulso de oficio.
Y admitido el proceso como una institución al servicio de los derechos e intereses de los particulares, en el mismo sólo debería dominar la impulsión de parte, ya que la pasividad a que se somete el Juez debía excluirle de realizar actos para la prosecución de aquél y la consumación del derecho controvertido. Sin embargo, no hay que olvidar que aún admitiendo que lo que se ventila en el proceso civil es un interés particular, el proceso constituye una figura creada por el ordenamiento jurídico de carácter público y al servicio del ciudadano y de la sociedad, y no puede permitirse que la pasividad o la malicia en los intereses contrapuestos por los litigantes hagan que una institución pública sirva, no a su legítimo derecho para la cual fue creada, sino a un malicioso o bastardo interés multiplicándose la litis y permaneciendo en situación indefinida, con el perjuicio que ello origina para la seguridad del tráfico jurídico.
Y la antigua LEC 1881, hasta la reforma operada por el RDL de 2 de abril de 1924, seguía el primer sistema, imponiendo a las partes la carga de hacer avanzar el proceso de una a otra fase mediante los denominados “acuses de rebeldía” (denunciaban la falta de comparecencia del demandado, que originaba su rebeldía), y los “escritos de apremio” (se ponía de manifiesto al órgano judicial que el proceso debía avanzar de una a otra fase).
El RDL de 2 de abril de 1924 cambió de forma radical este sistema, al establecer el impulso de oficio 1.
Y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) 1881, de 6 de agosto de 1984 derogó el RDL de 1924, pero incluyó dentro de su articulado sus principios inspiradores. Así, el antiguo artículo 307 LEC 1881 establecía que “[...] salvo que la Ley disponga otra cosa, el órgano jurisdiccional dará de oficio al proceso el curso que corresponda, dictando al efecto los proveídos necesarios”.
Precepto que reproducía literalmente el artículo 273 LOPJ. Partiendo de dicha norma, se atribuía a los Secretarios judiciales importantes funciones de ordenación, por lo que después de ella podremos distinguir dos supuestos, según que el trámite procedente venga determinado ineludiblemente por la legislación procesal, o su determinación dependa de alguna valoración que permita diversas soluciones alternativas. En el primer supuesto, la LOPJ atribuía a los Secretarios judiciales la misión de dictar diligencias de ordenación, con el fin de dar a los autos el curso ordenado por la Ley e impulsar formalmente el procedimiento en sus distintos trámites.
En el segundo, para que el Juez dictara el acto de impulso era preciso que el Secretario judicial le diese cuenta por medio de diligencia, del estado de los autos, en el mismo día que haya vencido el plazo o se haya presentado algún escrito, y no siendo posible, en el siguiente (artículo 315 LEC 1881) 2.
En la misma línea, la LEC 2000, establece en la Exposición de Motivos que [...]. “[...] la Ley atribuye la ordenación formal y material del proceso, en definitiva, las resoluciones de impulso procesal, a los Secretarios Judiciales, indicando a lo largo del texto cuándo debe dictarse una diligencia de ordenación a través del uso de formas impersonales, que permiten deducir que la actuación correspondiente deben realizarla aquéllos en su calidad de encargados de la correcta tramitación del proceso”.
Pero contradictoriamente, el artículo 179 LEC 2000, cuando trata el impulso procesal, fija con toda claridad que “[...] salvo que la Ley disponga otra cosa, el órgano jurisdiccional 3 (tribunal 4, o sea, jueces y magistrados) dará de oficio al proceso el curso que corresponda, dictando al efecto las resoluciones necesarias (las diligencias no son resoluciones judiciales)”.
Sin embargo, y lo vemos a recalcar, la impulsión y ordenación debería corresponder según la Exposición de Motivos LEC 2000 al Secretario judicial a través de las diligencias de ordenación.
Y si vamos al articulado observamos como el impulso procesal es ejercitado tanto por el Juez (providencias) como por el Secretario judicial a través de las diligencias de ordenación. Todo un caos conceptual que vamos a tratar de desenmascarar partiendo de la conclusión general de que el impulso y la ordenación del proceso es compartido por Jueces y Magistrados y Secretarios Judiciales.
II. ORDENACIÓN FORMAL Y MATERIAL.
GÓMEZ ORBANEJA ha distinguido entre ordenación “formal” y ordenación “material” del proceso, entendiendo que la ordenación formal tiene como fin impulsar el procedimiento y ordenar formalmente el mismo, y la ordenación material es la actividad encaminada a resolver una cuestión del proceso, optando por uno de los términos de la alternativa legal.
Sin embargo, la LOPJ al referirse a las diligencias de ordenación señala que la finalidad de las mismas es “[...] impulsar formalmente el procedimiento” (artículo 288), y en cuanto a las providencias, afirma que tienen por objeto “[...] la ordenación material del proceso” (artículo 245). Pero la LOPJ, no definía ni la ordenación formal, ni la material del proceso.
Doctrinalmente, la ordenación formal se refiere al procedimiento y la ordenación material al proceso. La ordenación “formal” del procedimiento viene constituida por el conjunto de aquellos trámites cuyo contenido está automáticamente determinado por la Ley.
Por ello, tal ordenación formal se realiza a través de lo que la LOPJ denomina diligencias de ordenación del Secretario judicial, cuyo campo de actuación viene a coincidir con lo que antes de la reforma de 6 de agosto de 1984, la LEC 1881 denominaba “providencias de mera tramitación”.
Por su parte, la ordenación “material”, implica que la Ley no tiene preestablecido de antemano el contenido unívoco de la resolución que debe dictarse, sino que ante diversas alternativas es preciso tomar una decisión, en un sentido u otro, y tal elección debía manifestarse, según la LEC 1881 y la LOPJ, a través de una propuesta de providencia o providencia, y tras la nueva LEC 2000 únicamente a través de una providencia, y no a través de una diligencia de ordenación 5.
Por tanto, las diligencias de ordenación han de tener siempre un sentido positivo, mientras que las providencias podrán tener un sentido positivo, negativo o neutro.
III. DILIGENCIAS DE ORDENACIÓN.
3.1. Concepto.
Las diligencias de ordenación no figuraban en la LEC 1881 y se introdujeron en nuestra legislación mediante la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la que en su artículo 288 se establece el objeto de las mismas. Así, el artículo 288 LOPJ precisa que: “En los Juzgados y Tribunales corresponderá a los Secretarios dictar las diligencias de ordenación, que tendrán por objeto dar a los autos el curso ordenado por la Ley e impulsar formalmente el procedimiento en sus distintos trámites de conformidad con las leyes procésales, y se limitará a la expresión de lo que se disponga con el nombre del Secretario que las dicte, la fecha y la firma de aquél”. Y el artículo 289 LOPJ añade que “[...] las diligencias de ordenación serán revisables por el Juez o el Ponente, de oficio o a instancia de parte en los casos y formas previstas en las leyes procésales”.
De dichos preceptos, se deduce que las diligencias de ordenación son “[...] aquellas diligencias dictadas por el Secretario Judicial que tienen por objeto dar a los autos el curso ordenado por la Ley, impulsando formalmente el procedimiento en sus distintos trámites de conformidad con la Ley procesal”.
Contiene la LOPJ, en el artículo 288, la absoluta novedad de encomendar al Secretario judicial, a través de estas diligencias, aquellos actos del órgano judicial, destinados a operar sobre el procedimiento para que siga el cauce y la progresión programada necesariamente por la Ley y sin que exista sobre los mismos, margen para el debate previo.
Tal circunstancia obedecía al plausible propósito de intentar distribuir las tareas entre el personal técnico de los órganos jurisdiccionales, y en cierta manera “integrar” los conocimientos jurídicos y técnicos del Secretario judicial, haciéndole participe de unas actuaciones propias de su preparación e incorporándose al procedimiento, garantizando el valor constitucional de la seguridad jurídica, resaltando su importancia a la vez como “jurista documentador”, para en la medida de lo posible, descargar al juzgador de trabajo y permitirle elaborar más fácilmente decisión jurídica de mayor transcendencia (autos y sentencias).
Son notas que caracterizan a las diligencias de ordenación: a) estar dictadas “únicamente” por el Secretario Judicial; b) dar a los autos el curso predeterminado por la Ley; y c) tener su contenido automáticamente predeterminado por la Ley.
La estructura consiste solamente en la expresión de lo que se dispone, nombre del Secretario Judicial que las dicta, fecha (debe entenderse también el lugar) y firma de aquél.
Y según la Exposición de Motivos de la nueva LEC 2000, teóricamente, se mantienen las diligencias de ordenación en el organigrama rituario-procesal, “ampliando” 6 incluso su contenido. Y se suprimen las propuestas de resolución, que hasta ahora estaban a cargo de los Secretarios judiciales. Así [...].
“Frente a propuestas de muy diverso sentido, la Ley mantiene las diligencias de ordenación, aunque ampliando su contenido, y suprime las propuestas de resolución, ambas hasta ahora a cargo de los Secretarios Judiciales. Dichas medidas se sitúan dentro del esfuerzo que la Ley realiza por aclarar los ámbitos de actuación de los tribunales, a quienes corresponde dictar las providencias, autos y sentencias, y de los Secretarios Judiciales, los cuales, junto a su insustituible labor, entre otras muchas de gran importancia, de fedatarios públicos judiciales, deben encargarse además, y de forma exclusiva, de la adecuada ordenación del proceso, a través de las diligencias de ordenación.
Las propuestas de resolución, introducidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985, no han servido de hecho para aprovechar el indudable conocimiento técnico de los Secretarios Judiciales, sino más bien para incrementar la confusión entre las atribuciones de éstos y las de los tribunales, y para dar lugar a criterios de actuación diferentes en los distintos Juzgados y Tribunales, originando con frecuencia inseguridades e insatisfacciones. De ahí que no se haya considerado oportuno mantener su existencia, y sí plantear fórmulas alternativas (¿...?) que redunden en un mejor funcionamiento de los órganos judiciales.
En este sentido, la Ley opta, por un lado, por definir de forma precisa qué debe entenderse por providencias y autos, especificando, en cada precepto concreto, cuándo deben dictarse unas y otros. Así, toda cuestión procesal que requiera una decisión judicial ha de ser resuelta necesariamente por los tribunales, bien por medio de una providencia bien a través de un auto, según los casos. Pero, por otra parte, la Ley atribuye la ordenación formal y material del proceso, en definitiva, las resoluciones de impulso procesal, a los Secretarios Judiciales, indicando a lo largo del texto cuándo debe dictarse una diligencia de ordenación a través del uso de formas impersonales, que permiten deducir que la actuación correspondiente deben realizarla aquéllos en su calidad de encargados de la correcta tramitación del proceso.”
En teoría, se pretende que el Secretario Judicial se encargue de forma exclusiva, a través de las diligencias de la ordenación “formal” del procedimiento y de la ordenación “material” del proceso asegurando el impulso procesal. Sin embargo, prácticamente todos los postulados de la Exposición de Motivos son falsos como se verá más adelante. Pero ni se amplia el contenido de las diligencias de ordenación, ni son los Secretarios los encargados de modo exclusivo de la ordenación del proceso, ni las diligencias de ordenación son resoluciones judiciales “strictu sensu”. Es decir, las diligencias de ordenación solo sirven para llevar a cabo la ordenación “formal” del procedimiento, pero no son instrumento procesal válido para llevar a cabo la ordenación “material” del proceso.
3.2. Naturaleza Jurídica.
Son resoluciones de naturaleza procesal, pero no son “resoluciones judiciales” 7. Las diligencias de ordenación no pueden calificarse como resoluciones judiciales. Cuando fueron introducidas por la LOPJ fueron consideradas resoluciones neotéricas, en la medida que se trataba de disposiciones procésales de carácter interlocutorio, en las que el sujeto activo que las dictaba no era el juzgador. La LOPJ titula al Capítulo IV del Título III del Libro II “De las resoluciones judiciales”; y regula las resoluciones de carácter gubernativo, a las cuales denomina “acuerdos” (artículo 244) y las resoluciones de carácter jurisdiccional, a las que denomina “providencias, autos y sentencias”. Por el contrario, las diligencias de ordenación aunque están reguladas en el mismo Libro, lo son en Título y Capítulo diferente (Título IV Capítulo II, “De las diligencias de ordenación y de las propuestas de resolución”). En resumen, las diligencias de ordenación han de ser calificadas como resoluciones procésales, no judiciales, y así aparecen recogidas de modo separado en la LEC 2000 de las resoluciones judiciales.
3.3. Elementos.
A) Elementos subjetivos. Del artículo 288 LOPJ, se deduce que tales diligencias han de ser dictadas, siempre, por el Secretario judicial. Los Oficiales habilitados por el Secretario no podrán dictar tales diligencias 8. En consecuencia, el Secretario no podrá delegar en el Oficial habilitado la facultad de dictar diligencias de ordenación, pues es una función personalísima y no delegable. Por ello, si hubiera varios Secretarios judiciales en un mismo órgano jurisdiccional, corresponderá dictar las diligencias de ordenación al que intervenga en el procedimiento concreto, sin perjuicio de que se tengan en cuenta los supuestos de sustitución legal, abstención, recusación o suspensión.
B) Elementos objetivos. Del artículo 288 LOPJ, se deduce que su contenido tiende a dar a los autos el curso ordenado por la Ley impulsando formalmente el procedimiento en todos sus trámites. La doctrina suele afirmar que han de dictarse por el Secretario Judicial en los mismos supuestos en que la LEC 1881 establecía que debían dictarse por el Juez las providencias de mera tramitación (desaparecidas con la reforma de 1984). Asimismo, estimamos que habrán de dictarse por el Secretario Judicial en los casos en que su contenido de carácter positivo esté preestablecido en la Ley 9. Y en los supuestos legales que requieran una decisión ante diversas alternativas, deberá adoptar la forma de providencia y no de diligencia de ordenación.
C) Elementos formales. Las diligencias se limitarán a la expresión de lo que se disponga con el nombre del Secretario judicial que las dicte, la fecha y la firma de aquél (artículo 288 LOPJ y 223.2 LEC 2000). No cabe motivación, prevista en la LOPJ, solamente para las resoluciones judiciales del personal juzgador (artículo 248 LOPJ).
3.4. Impugnación.
Dada la naturaleza jurídica de las diligencias de ordenación como auténticas resoluciones, permite que sean revisadas por el juzgador, incluso de oficio (artículo 289 LOPJ). Si se trata de un órgano unipersonal, corresponde al Juez y si se trata de Tribunal colegiado, al Ponente. La revisión de las diligencias de ordenación puede acontecer en cualquier instancia u orden jurisdiccional, pudiendo ser de oficio o a instancia de parte. La cuestión que plantea este artículo 289 LOPJ estriba en determinar que es lo que el legislador ha querido manifestar al señalar que las diligencias de ordenación serán “[...] revisables en los casos y forma previstos en las leyes procésales”, pues por lo pronto, las leyes procésales en el momento de publicarse la LOPJ, nada preveían en torno a las diligencias de ordenación que aparecen por primera vez en tal Ley.
Por su parte el artículo 224 de la nueva LEC 2000 precisa respecto de la revisión de las diligencias de ordenación que [...].
“1. Son nulas de pleno derecho las diligencias de ordenación que decidan cuestiones que, conforme la ley, hayan de ser resueltas por medio de providencia, auto o sentencia.
2. Fuera de los casos a que se refiere el apartado anterior, las diligencias de ordenación también podrán ser anuladas, a instancia de la parte a la que causen perjuicio, cuando infrinjan algún precepto legal o resuelvan cuestiones que, conforme a lo dispuesto en esta Ley, deban ser decididas mediante providencia.
3. La impugnación a que se refiere el párrafo anterior se tramitará y resolverá de conformidad con lo previsto para el recurso de reposición.”
Esta materia no estaba regulada en la LEC 1881 y tiene su precedente en el artículo 289 LOPJ, aunque ahora se introducen importantes modificaciones. En primer lugar, se establece que son nulas y podrán ser revisadas de oficio por el Tribunal o a instancia parte las diligencias de ordenación que decidan cuestiones que según la Ley, deben ser resueltas por providencia, auto o sentencia. En segundo lugar, son anulables, sólo a instancia de la parte perjudicada, aquéllas diligencias de ordenación que infrinjan un precepto legal o resuelvan cuestiones que, deban ser decididas por providencia. En este caso la impugnación se hará siguiendo los trámites previstos para el recurso de reposición fijado en los artículos 451 a 454 LEC 2000.
Su impugnación podrá hacerse mediante un simple escrito en el que la parte solicitase del Juez o Ponente que revise y deje sin efecto la diligencia de ordenación dictada por el Secretario Judicial, y en su lugar dicte resolución acordando lo que la parte estime procedente conforme a Derecho.
En otros órdenes jurisdiccionales, también se regulan las diligencias de ordenación de forma similar al orden jurisdiccional civil pero concediendo diferentes plazos y tipos de recursos, factores que no ayudan a una mejor comprensión de este instrumento procesal. Así:
A) Diligencias de Ordenación en la Ley de Procedimiento Laboral.
En cuanto a las diligencias de ordenación y propuestas de providencias y autos, la LPL reproduce en general la regulación de la LOPJ (artículos 245 y 288 a 291), aunque conforme al artículo 52 LPL, somete a plazo la revisión las diligencias de ordenación a instancia de parte, que habrá de pedirse en el día siguiente a su notificación, en escrito motivado, dirigido al Juez o al Ponente, quienes resolverán de plano, salvo que consideren necesario dar traslado a la parte contraria para que en el plazo de dos días, comunes si fuesen varías, alegue lo conveniente, debiendo recaer providencia resolutoria en el término de una audiencia. Sin embargo, no somete a plazo alguno la posibilidad de la revisión de las diligencias de ordenación de oficio por el Juez o Magistrado Ponente de la Sala de lo Social. Así, el RDL 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprobaba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, dispone:
Artículo 51 LPL:
“1.
A los Secretarios corresponde proponer al Juez o a la Sala de lo Social las resoluciones que deban revestir la forma de providencia o auto. Se exceptúan las providencias que revisen las diligencias de ordenación y los autos decisorios e cuestiones incidentales sobre recursos o sobre asuntos en que se haya suscitado contienda, así como los limitativos de derechos.
2. Las propuestas deberán adoptarse en el tiempo y con la forma previstos legalmente para la resolución de que se trate. Deberán ser suscritas por el Secretario proponente y el Juez o la Sala podrá aceptarlas con la expresión de “conformes” o dictar la resolución que proceda.”
Artículo 52 LPL:
“1. Corresponde a los Secretarios dictar diligencias de ordenación que tengan por objeto dar a los autos el curso ordenado por la Ley, así como impulsar formalmente el procedimiento en sus distintos trámites.
2. Su forma se limitará a la expresión de lo que se disponga, con el nombre del Secretario, la fecha y su firma.
3. Las diligencias de ordenación serán revisables de oficio por el Juez o por el Magistrado ponente de la Sala de lo Social.
4. Las partes podrán pedir la revisión de las diligencias de ordenación en el día siguiente a su notificación, en escrito motivado dirigido al Juez o al ponente, quienes resolverán de plano, salvo que consideren necesario dar traslado a la parte contraria para que en el plazo de dos días, comunes si fuesen varias, alegue lo conveniente. En este caso habrá de dictarse la providencia resolutoria en término de una audiencia” 10.
B) Diligencias de ordenación en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
La Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, aprobada por Ley 29/1998, de 13 de julio, recoge tangencialmente dentro del Título IV (“Procedimiento Contencioso-Administrativo”), Capítulo III (“Recursos contra Providencias, Autos y Sentencias”), Sección 1.a (“Recursos contra providencias”), artículo 79, las diligencias de ordenación, ya que, ni en la Exposición de motivos, ni en ningún otro lugar se hace referencia a las mismas. El artículo 79.5 LRJCA señala:
“5. La revisión de las diligencias de ordenación podrá ser solicitada del Juez o Magistrado Ponente en el plazo señalado en el apartado tercero (5 días a contar desde el siguiente al de la notificación de la resolución impugnada). Solicitada la revisión, se seguirá el trámite previsto en el apartado 4 (es decir, interpuesto el recurso en tiempo y forma, se dará traslado de las copias del escrito a las partes, por término común de tres días, a fin de que puedan impugnarlo si lo estiman conveniente. Transcurrido dicho plazo, el órgano jurisdiccional resolverá por auto dentro del tercer día)”.
3.5. Clases de Diligencias de Ordenación.
La LEC 2000 regula dos tipos diferentes de diligencias de ordenación: las declarativas y las de ordenación ejecutivas con contenidos distintos. Así, el artículo 223 LEC regula las diligencias de ordenación “declarativas” señalando que [...].
“1. Corresponde a los Secretarios Judiciales dictar las diligencias de ordenación, a través de las cuales se dará a los autos el curso que la ley establezca.”
Por su parte, el artículo 545.4 LEC 2000 en la fase de ejecución recoge las diligencias de ordenación “ejecutivas” y precisa que [...].
“El tribunal decidirá por medio de providencia en los supuestos en que así expresamente se señale, y en los demás casos, las resoluciones que procedan se dictarán por el Secretario Judicial a través de diligencias de ordenación”.
IV. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
Según la LOPJ, corresponderá al Secretario judicial proponer al Juez o Tribunal las resoluciones que debe adoptar, conforme a la Ley, la forma de providencia o de auto (artículo 290 LOPJ). Las propuestas de resolución son proyectos de resoluciones del órgano jurisdiccional que elabora el Secretario Judicial para ordenar materialmente el proceso, trascendiendo en el mismo, convirtiéndose en resoluciones, una vez son aceptadas por el Juez o el Ponente. El artículo 290 LOPJ establece que corresponderá al Secretario proponer al Juez o Tribunal las resoluciones que, con arreglo a la ley, deban revestir la forma de providencia o auto, incluidos los autos definitivos en los asuntos de jurisdicción voluntaria, mientras no se suscite contienda. Se exceptúan las providencias en que se revisen las diligencias de ordenación y los autos decisorios de cuestiones incidentales o resolutorias de recursos, de procesamiento o los limitativos de derechos. El artículo 246 LOPJ precisa que cuando el Secretario Judicial formule propuesta de resolución, el Juez podrá adoptar la modalidad de “conforme” o dictar la resolución que proceda.
Por tanto, las propuestas de resolución desde el momento en que son aceptadas y conformadas por el Juez o Tribunal se convierten, realmente, en una verdadera resolución judicial. Ello nos lleva a la conclusión de que la innovación de la LOPJ, en cuanto a las propuestas de resolución, no ha sido demasiado afortunada, pues de su regulación se deduce, por un lado, una desconfianza hacia el Secretario Judicial, dado que se exige la conformidad del Juez o Tribunal, y por otro, obliga a que una misma cuestión tenga que ser estudiada primero por el Secretario Judicial y luego por el Juez o Tribunal, ya que lógicamente, la conformidad no puede ser hecha sin un estudio previo del contenido de la propuestas. En consecuencia, habrá que poner en entredicho la afirmación de la Exposición de Motivos de la LOPJ, de que con esta innovación se refuerzan las funciones de dirección procesal de los Secretarios judiciales. A nuestro juicio, se les ha concedido una función inútil, al exigirse el “conforme” del órgano judicial, cuyos titulares son los que realmente siguen ostentando la efectiva dirección procesal. La única forma de cumplir con lo que dice la Exposición de Motivos, habría sido facultar al Secretario Judicial para que hubiera podido dictar por sí mismo y sin intervención de los titulares de los órganos judiciales, providencias y determinados autos, aunque lógicamente, susceptibles de recurso ante aquéllos, con lo que el trabajo de éstos durante la tramitación del proceso se vería efectivamente aminorado, y se podría conseguir, en cierta medida, mayor rapidez en la resolución de los procesos. Sólo así, se podría hablar con propiedad de resoluciones dictadas por el Secretario Judicial 11.
Por su parte, la LEC 2000, ha optado por suprimir las propuestas en el orden jurisdiccional social y en tal sentido su Exposición de Motivos argumenta que [...].
“Las propuestas de resolución, introducidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985, no han servido de hecho para aprovechar el indudable conocimiento técnico de los Secretarios Judiciales, sino más bien para incrementar la confusión entre las atribuciones de éstos y las de los tribunales, y para dar lugar a criterios de actuación diferentes en los distintos Juzgados y Tribunales, originando con frecuencia inseguridades e insatisfacciones. De ahí que no se haya considerado oportuno mantener su existencia, y sí plantear fórmulas alternativas (¿...?) que redunden en un mejor funcionamiento de los órganos judiciales.”
4.1. Concepto.
Podemos definirlas como aquellas resoluciones de ordenación material del proceso que adoptan una solución procesal ante una alternativa legal, en sentido positivo, negativo o neutro. De esta definición se pueden deducir las siguientes notas características:
1°. Son resoluciones de ordenación material del proceso.
2°. A diferencia de las diligencias de ordenación, no se limitan a dar a los autos el curso ordenado por la Ley, sino que tienen que decidir ante una alternativa legal
3°. Pueden adoptar una solución en sentido positivo, negativo o neutro, a diferencia con las diligencias de ordenación que será siempre positivo o siempre negativo.
4.2. Naturaleza Jurídica.
Son igual que las diligencias de ordenación resoluciones procésales, pero no jurisdiccionales. Partiendo de la distinción doctrinal entre ordenación formal y material, podemos considerar a las propuestas de resolución (providencias y autos) del artículo 290 LOPJ, como resoluciones de ordenación material del proceso, que equivalen a las denominadas providencias de no mera tramitación, referidas en el artículo 377 LEC 1881 (antes de la reforma de 6 de agosto de 1984). Son la expresión de la actividad de ordenación material del proceso, es decir, la que tiene como fin resolver una cuestión optando por uno de los términos de la alternativa legal. Entrañan por ello, una declaración de voluntad emanada del Secretario Judicial, primariamente dirigida al Juez, pues para que tenga eficacia frente a las partes éste debe mostrar su conformidad. Las propuestas de resolución sustituyen la dación de cuenta oral pero gozan de su misma naturaleza. Suponen un estudio previo que el Secretario Judicial debe realizar para descubrir, analizar y comentar la regularidad procesal de los actos, que desemboca en una decisión que hace eliminar los obstáculos para que el proceso transcurra por los cauces legales. Mediante la dación de cuenta oral, el Juez acepta o no el criterio del Secretario Judicial, pero en ambos casos sólo queda documentado en el proceso la resolución que contenga la decisión acordada. Mediante la propuesta de resolución, queda documentada en el proceso la actividad de dación de cuenta. De aceptarse por el Juez el criterio del Secretario Judicial no es preciso dictar resolución alguna, pues firmando la conformidad de la propuesta, ésta se convierte en una resolución judicial. No encontrando el Juez acertada la solución propuesta por el Secretario Judicial, dicta una resolución judicial por la que resuelve la cuestión según su criterio, quedando unida en los autos la propuesta efectuada por el Secretario Judicial, que no pasará de ser, en este caso, la documentación de la dación de cuenta efectuada.
4.3. Elementos.
A) Subjetivos. El autor de la propuesta de resolución es el Secretario Judicial. A él corresponde determinar el momento procesal adecuado para la propuesta y la clase de resolución procedente (auto o providencia). La LOPJ, tiene un claro sentido imperativo, “corresponderá” (artículo 290), “los casos en que la Ley ordena al Secretario formular propuesta de resolución” (artículo 246). Ello no impide que una parte se dirija al Secretario Judicial en solicitud de la correspondiente resolución. Así, la propuesta se dirige al Juez o Tribunal respectivo, sin distinción por razón de proceso, instancia u orden jurisdiccional, que esté conociendo del asunto, ya que es él quien tiene que dictar la resolución.
B) Objetivos. El artículo 290 LOPJ afirma que: “[...] corresponderá al Secretario proponer al Juez o Tribunal las resoluciones que, con arreglo a la Ley, deben revestir la forma de providencia o auto, incluidos los autos definitivos en los asuntos de jurisdicción voluntaria, mientras no se suscite contienda; se exceptúan las providencias en que se revisan las diligencias de ordenación y los autos decisorios de cuestiones incidentales o resolutorias de recursos, de procesamiento o los limitativos de derecho”. Por tanto, para completar este precepto se ha de acudir a lo que la Ley establece para determinar cuando las resoluciones judiciales tienen que adoptar la forma de providencia y de auto. Así, el artículo 245 LOPJ establece que las resoluciones de los Jueces y Tribunales que tengan carácter jurisdiccional se denominarán providencias, cuando tengan por objeto la ordenación material del proceso. Con referencia a los autos el propio artículo 245 estatuye que las resoluciones judiciales adoptan la forma de autos cuando “[...] decidan recursos contra providencias, cuestiones incidentales, presupuestos procésales, nulidad del procedimiento o cuando, a tenor de las leyes de enjuiciamiento, deban revestir esta forma”.
C) Formales. El artículo 290, en relación con los artículos 248 y 291 LOPJ, se deduce que las propuestas de resolución han de ser firmadas por el Secretario judicial que las proponga y por el Juez o Tribunal que las asuman, poniendo para ello la firma en el “conforme”. Resulta, por tanto, que el redactor de la resolución será el Secretario Judicial, actuando el Juez o Tribunal únicamente como refrendantes y autores de la solución procesal propuesta por aquél, asumiendo éstos la correspondiente responsabilidad del contenido de la resolución. En cuanto al “conforme” o “no conforme” del Juez o Tribunal la Ley es clara. Dice el artículo 246 “[...] en los casos que la Ley ordene al Secretario formular propuesta de resolución, el Juez (habrá que entender también Tribunal), podrá adoptar la modalidad de “conforme” o dictar la resolución que proceda”, es decir, una providencia o auto con otro contenido. Y una vez conformada por el Juzgador, no antes, adquiere plenos efectos de resolución y debe ser notificada de acuerdo con el artículo 270 LOPJ. Las propuestas de resolución no se notificarán a las partes hasta que con la conformidad del Juez, se conviertan en resolución judicial y, en este último caso, se efectuará la notificación en la forma legalmente prevista.
4.4. Impugnación.
Contra la decisión del Juez o Tribunal no accediendo a la conformidad y dictando la resolución que estime pertinente no cabe recurso alguno por parte del Secretario. Una vez conformada la resolución por el personal juzgador, contra el auto o providencia caben los recursos establecidos en las distintas leyes procésales. Así pues se distinguen dos estadios o fases:
- Antes de la conformidad del Juez, en cuyo caso no son impugnables por las partes, pues tampoco les alcanza sus efectos al carecer de eficacia y trascendencia en el proceso.
- Tras la conformidad del Juez, en cuyo caso, se convierten en la resolución judicial propuesta: bien una providencia, bien un auto, debiendo acudir a las previsiones dispuestas en la LEC que establece con carácter general la posibilidad de interponer contra las providencias recurso de reposición, según el órgano jurisdiccional de que se trate y recurso de apelación contra los autos.
Debe excluirse la posibilidad de revisión de oficio por el Juez de la propuesta a la que preste su conformidad, pues según el artículo 18.1 LOPJ las resoluciones judiciales sólo podrán dejarse sin efecto en virtud de los recursos previstos en las leyes. Ello, claro está, a salvo de lo dispuesto en la LEC 1881 para la jurisdicción voluntaria.
4.5. Clases de Providencias.
Sin embargo, y como señalábamos con anterioridad, según la Exposición de Motivos de la LEC 2000, las propuestas de resolución, introducidas por la LOPJ en 1985, no han servido de hecho para aprovechar el indudable conocimiento técnico de los Secretarios Judiciales, sino más bien para incrementar la confusión entre las atribuciones de éstos y las de los tribunales, y para dar lugar a criterios de actuación diferentes en los distintos Juzgados y Tribunales, originando con frecuencia inseguridades e insatisfacciones. De ahí que no se haya considerado oportuno mantener su existencia, y sí plantear fórmulas alternativas que redunden en un mejor funcionamiento de los órganos judiciales. De este modo, en la LEC 2000 han sido eliminadas salvo que se sigan considerando aplicables los preceptos al respecto antes señalados de la LOPJ.
Así, la LEC 2000, en su artículo 206 determina las providencias y autos “declarativos” señalando que [...].
“1. Las resoluciones de los tribunales civiles se denominarán providencias, autos y sentencias.
2. En los procesos de declaración, cuando la Ley no exprese la clase de resolución que haya de emplearse, se observarán las siguientes reglas:
1ª. Se dictará providencia cuando la resolución no se limite a la aplicación de normas de impulso procesal, sino que se refiera a cuestiones procésales que requieran una decisión judicial, bien por establecerlo la ley, bien por derivarse de ellas cargas o por afectar a derechos procésales de las partes, siempre que en tales casos no se exija expresamente la forma de auto.
2ª. Se dictarán autos cuando se decidan recursos contra providencias, cuando se resuelva sobre admisión o inadmisión de demanda, reconvención y acumulación de acciones, sobre presupuestos procésales, admisión o inadmisión de la prueba, aprobación judicial de transacciones y convenios, anotaciones e inscripciones registrales, medidas cautelares, nulidad o validez de las actuaciones y cualesquiera cuestiones incidentales, tengan o no señalada en esta ley tramitación especial. También revestirán la forma de auto las resoluciones que pongan fin a las actuaciones de una instancia o recurso antes de que concluya su tramitación ordinaria.
3ª. Se dictará sentencia para poner fin al proceso, en primera o segunda instancia, una vez que haya concluido su tramitación ordinaria prevista en la Ley. También se resolverán mediante sentencia los recursos extraordinarios y los procedimientos para la revisión de sentencias firmes.
3. En los procesos de ejecución se seguirán, en lo que resulten aplicables, las reglas establecidas en los apartados anteriores.”
Por su parte el artículo 545.4 LEC 2000 determina las providencias y autos “ejecutivos” señalando que [...].“
4. En los procesos de ejecución adoptarán la forma de auto las resoluciones del tribunal que acuerden el despacho de la ejecución, provisional o definitiva, que ordenen el embargo o su alzamiento, que decidan sobre la oposición a la ejecución, sobre la suspensión, el sobreseimiento o la reanudación de la misma, sobre las tercerías, y aquellas otras que se señalen en esta Ley.
El tribunal decidirá por medio de providencia en los supuestos en que así expresamente se señale, y en los demás casos, las resoluciones que procedan se dictarán por el Secretario Judicial a través de diligencias de ordenación”.
V. CUANDO SE HA DE DICTAR UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL O UNA DILIGENCIA DE ORDENACIÓN.
“El que sabe Derecho procesal, sabe Derecho” (Luís VIVAS MARZAL) de todo lo anterior, se pueden extraer los siguientes planteamientos aplicables a la práctica rituaria de los diversos operadores jurídicos en el orden jurisdiccional civil:
A) Según la Exposición de Motivos:
“[...] Frente a propuestas de muy diverso sentido, la Ley mantiene las diligencias de ordenación, aunque ampliando su contenido, y suprime las propuestas de resolución, ambas hasta ahora a cargo de los Secretarios Judiciales. Dichas medidas se sitúan dentro del esfuerzo que la Ley realiza por aclarar los ámbitos de actuación de los tribunales, a quienes corresponde dictar las providencias, autos y sentencias, y de los Secretarios Judiciales, los cuales, junto a su insustituible labor, entre otras muchas de gran importancia, de fedatarios públicos judiciales, deben encargarse además, y de forma exclusiva, de la adecuada ordenación del proceso, a través de las diligencias de ordenación[...] Las propuestas de resolución, introducidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985, no han servido de hecho para aprovechar el indudable conocimiento técnico de los Secretarios Judiciales, sino más bien para incrementar la confusión entre las atribuciones de éstos y las de los tribunales, y para dar lugar a criterios de actuación diferentes en los distintos Juzgados y Tribunales, originando con frecuencia inseguridades e insatisfacciones. De ahí que no se haya considerado oportuno mantener su existencia, y sí plantear fórmulas alternativas que redunden en un mejor funcionamiento de los órganos judiciales [...] En este sentido, la Ley opta, por un lado, por definir de forma precisa qué debe entenderse por providencias y autos, especificando, en cada precepto concreto, cuándo deben dictarse unas y otros. Así, toda cuestión procesal que requiera una decisión judicial ha de ser resuelta necesariamente por los tribunales, bien por medio de una providencia bien a través de un auto, según los casos [...]”.
B) Pero si se analiza el articulado de la LEC 2000, el numerus clausus que predica la Exposición de Motivos respecto de providencias y autos se convierte en numerus apertus en cuanto se analiza detalladamente el articulado ya que aparecen constantes providencias “encubiertas” y no especificadas expresamente en el texto de la ley. Asimismo, se especifican providencias que poseen un contenido propio de una diligencia de ordenación. De este modo, en el CAPÍTULO VIII. De las resoluciones judiciales y de las diligencias de ordenación, SECCIÓN 1ª. “De las clases, forma y contenido de las resoluciones y del modo de dictarlas, publicarlas y archivarlas”, el artículo 206 LEC 2000, que trata de las clases de resoluciones judiciales, precisa que “[...] Las resoluciones de los tribunales civiles se denominarán providencias, autos y sentencias. En los procesos de declaración, cuando la Ley no exprese la clase de resolución que haya de emplearse, se observarán las siguientes reglas:
1ª. Se dictará providencia cuando la resolución no se limite a la aplicación de normas de impulso procesal, sino que se refiera a cuestiones procésales que requieran una decisión judicial, bien por establecerlo la ley, bien por derivarse de ellas cargas o por afectar a derechos procésales de las partes, siempre que en tales casos no se exija expresamente la forma de auto.
2ª. Se dictarán autos cuando se decidan recursos contra providencias, cuando se resuelva sobre admisión o inadmisión de demanda, reconvención y acumulación de acciones, sobre presupuestos procésales, admisión o inadmisión de la prueba, aprobación judicial de transacciones y convenios, anotaciones e inscripciones registrales, medidas cautelares, nulidad o validez de las actuaciones y cualesquiera cuestiones incidentales, tengan o no señalada en esta ley tramitación especial. También revestirán la forma de auto las resoluciones que pongan fin a las actuaciones de una instancia o recurso antes de que concluya su tramitación ordinaria.
Y matiza “[...] 3. En los procesos de ejecución se seguirán, en lo que resulten aplicables, las reglas establecidas en los apartados anteriores”. A tal efecto el artículo 545 LEC 2000 que trata la forma de las resoluciones en la ejecución forzosa, precisa que “[...] En los procesos de ejecución adoptarán la forma de auto las resoluciones del tribunal que acuerden el despacho de la ejecución, provisional o definitiva, que ordenen el embargo o su alzamiento, que decidan sobre la oposición a la ejecución, sobre la suspensión, el sobreseimiento o la reanudación de la misma, sobre las tercerías, y aquellas otras que se señalen en esta Ley [...] El tribunal decidirá por medio de providencia en los supuestos en que así expresamente se señale, y en los demás casos, las resoluciones que procedan se dictarán por el Secretario Judicial a través de diligencias de ordenación”.
C) En cuanto a las diligencias de ordenación, la SECCIÓN 3.a “De las diligencias de ordenación”, recoge en el artículo 223 LEC 2000 que “[...] corresponde a los Secretarios Judiciales dictar las diligencias de ordenación, a través de las cuales se dará a los autos el curso que la ley establezca. Las diligencias de ordenación se limitarán a la expresión de lo que se disponga con el nombre del Secretario Judicial que las dicte, la fecha y la firma de aquél”. Y en el artículo 224 LEC 2000 que “[...] son nulas de pleno derecho las diligencias de ordenación que decidan cuestiones que, conforme a la ley, hayan de ser resueltas por medio de providencia, auto o sentencia”.
De todo ello se deriva que:
1ª. El artículo 206 LEC 2000 deja clara la posibilidad de existencia de dos tipos de providencias, las explícitas (señaladas expresamente) y las implícitas (no señaladas expresamente), y define cual debe ser el contenido de las providencias.
2ª. Ningún Secretario judicial puede arriesgarse, bajo pena de nulidad a dictar ninguna diligencia de ordenación de la que pueda “[...] derivarse de ella cargas o afecte a derechos procésales de las partes”.
3ª. Visto lo anterior la Exposición de Motivos de la LEC, como en otras muchas cuestiones es falsa, afirmación reafirmada, cuando vamos al articulado y apreciamos precepto por precepto los escasos supuestos en los que caben diligencias de ordenación, con lo que la tan cacareada ordenación del proceso atribuida al Secretario judicial cae por su propio peso.
VI. CONCLUSIONES.
1ª. La regulación que hace la LOPJ de las diligencias de ordenación es parca e insuficiente y origina numerosos problemas. Para mayor confusión, las soluciones propuestas por la LEC 2000, LPL y LRJCA, son diferentes. Además en la nueva regulación se distingue entre resoluciones de los procesos de declaración y de los procesos de ejecución. Respecto de las propuestas de resolución, en la Exposición de Motivos de la LEC 2000 se dice claramente que se eliminan las propuestas de resolución de los Secretarios Judiciales, pero en ninguna otra parte de la ley se especifica así. Los preceptos que las regulan de la LOPJ siguen vigentes, por lo que la mayor parte de los autores las entienden subsistentes, y permite que se puedan adoptar todas las interpretaciones posibles, generándose un caos procesal de enormes dimensiones.
2ª. En cuanto a las diligencias de ordenación la LEC 2000, las mantiene, pero su regulación sigue siendo escueta y cicatera y no aporta claridad. La regulación diplonómica dada en la LOPJ y en la LEC 2000 nada aclara, ni despeja el teórico “nuevo” contenido dado a las diligencias de ordenación.
3ª. El uso de formas impersonales a lo largo del texto de la LEC 2000 para indicar cuándo debe dictarse una diligencia de ordenación, es un criterio hermenéutico imperfecto, puesto que cuando aparece una forma impersonal hay veces que habrá de dictarse una diligencia de ordenación y otras una providencia.
4ª. De la redacción dada por la LEC 2000 parece deducirse que hay dos tipos diferentes de diligencias de ordenación: las declarativas y las ejecutivas con contenidos distintos.
5ª. La diligencia de ordenación no es instrumento procesal suficiente para contener capacidad decisoria. En este sentido sólo materializa la ordenación formal, pero no la ordenación material que estará atribuida al Juez a través del dictado de providencias. No posee el Secretario Judicial instrumentos procésales suficientes para ordenar materialmente el proceso.
6ª. Como consecuencia de ello, el impulso procesal y la ordenación está atribuida “conjuntamente” a Juez y Secretario judicial y no estrictamente al Secretario judicial tal y como se expone en la Exposición de Motivos LEC 2000, ni al Juez como se desprende de la redacción literal del artículo 179 LEC 2000.
7ª. Hipotéticamente se amplía el contenido de las diligencias de ordenación “ejecutivas” 12 con base al carácter residual y a la indeterminación de su contenido. Aunque al analizar el articulado se aprecia que esto no es así, dada la escasez de diligencias y la proliferación de providencias y autos.
8ª. No se alcanza a ver los extremos de “potenciación” 13 de la figura del Secretario Judicial. Al contrario, la LEC 2000 supone una infrautilización, una mengua y una reducción de las funciones del Secretario Judicial. Ya no ostenta la calidad de encargado de la correcta tramitación del proceso, puesto que aunque mantiene la ordenación formal (diligencias de ordenación), ha perdido la ordenación material (ejercitada anteriormente a través de las propuestas de providencia). Tras la LEC 2000, intentar cubrir esa pérdida mediante el dictado de diligencias de ordenación en casos y supuestos que procesalmente corresponde una providencia conforme al contenido de las mismas dada en el artículo 206 LEC 2000 14, supone un claro desconocimiento de los más elementales principios de Derecho procesal y de la arquitectura forense que debieran conocer todos los operadores jurídicos [...].
9ª. En cuanto a la configuración y conceptuación de la figura del Secretario judicial, la nueva Ley supone una degradación, un paso atrás en el reconocimiento de las que debieran ser sus verdaderas funciones, o de las que ya de modo efectivo (de hecho, aunque no de derecho), están asumiendo en sus respectivos órganos judiciales. Decía IHERING que “[...] el concepto de “posesión” era el juguete que el hada del derecho había puesto en la cuna de la doctrina” para que los doctrinadores elaborasen numerosas definiciones acerca de dicha institución jurídico-civil. Pues bien, paralelamente a dicha cita podemos considerar que “[...] la búsqueda del concepto de Secretario judicial es el viaje a ninguna parte, la lección nunca aprendida, el misterio jurídico más insondable [...]”. Probablemente, a pesar de los renglones de tinta que se han vertido buscando definir a dicha figura profesional, la realidad es que hoy por hoy, es un “hombre de paja” 15 [...] En el fondo, la dificultad radica en que definir al Secretario judicial es definir la piedra angular sobre la que cimentar el organigrama judicial, el aparato procedimental [...] y eso nadie lo sabe [...] o nadie quiere darse por enterado.
10ª. Hay una falta de homogeneidad en las resoluciones. Según la Exposición de Motivos “[...] Frente a propuestas de muy diverso sentido, la Ley mantiene las diligencias de ordenación, aunque ampliando su contenido, y suprime las propuestas de resolución, ambas hasta ahora a cargo de los Secretarios Judiciales. Dichas medidas se sitúan dentro del esfuerzo que la Ley realiza por aclarar los ámbitos de actuación de los tribunales, a quienes corresponde dictar las providencias, autos y sentencias, y de los Secretarios Judiciales, los cuales, junto a su insustituible labor, entre otras muchas de gran importancia, de fedatarios públicos judiciales, deben encargarse además, y de forma exclusiva, de la adecuada ordenación del proceso, a través de las diligencias de ordenación [...] Las propuestas de resolución, introducidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985, no han servido de hecho para aprovechar el indudable conocimiento técnico de los Secretarios Judiciales, sino más bien para incrementar la confusión entre las atribuciones de éstos y las de los tribunales, y para dar lugar a criterios de actuación diferentes en los distintos Juzgados y Tribunales, originando con frecuencia inseguridades e insatisfacciones. De ahí que no se haya considerado oportuno mantener su existencia, y sí plantear fórmulas alternativas que redunden en un mejor funcionamiento de los órganos judiciales [...] En este sentido, la Ley opta, por un lado, por definir de forma precisa qué debe entenderse por providencias y autos, especificando, en cada precepto concreto, cuándo deben dictarse unas y otros. Así, toda cuestión procesal que requiera una decisión judicial ha de ser resuelta necesariamente por los tribunales, bien por medio de una providencia bien a través de un auto, según los casos. Pero, por otra parte, la Ley atribuye la ordenación formal y material del proceso, en definitiva, las resoluciones de impulso procesal, a los Secretarios Judiciales, indicando a lo largo del texto cuándo debe dictarse una diligencia de ordenación a través del uso de formas impersonales, que permiten deducir que la actuación correspondiente deben realizarla aquéllos en su calidad de encargados de la correcta tramitación del proceso”.
11ª. En definitiva, el numerus clausus que predica la Exposición de Motivos respecto de providencias y autos se convierte en numerus apertus en cuanto se analiza detalladamente el articulado ya que aparecen constantes providencias “encubiertas” y no especificadas expresamente en el texto de la ley. Así mismo, se especifican providencias que poseen un contenido propio de una diligencia de ordenación.
Aunque mucho me temo que el desconcierto y la ignorancia procesal es de tal calado que no se comprendan estas humildes reflexiones forenses [...] que ayuden a clarificar de una vez por todas, la relación “órgano-función”.
* Secretario judicial del Tribunal Español.
