Por último y respecto de la prescripción, el plazo de vigencia de la acción es el de cuatro años, pues así lo determina el art. 1.076 del Código Civil, a contar desde que se hizo la partición. Es el mismo plazo que también señala el artículo 1.299. Para el caso de haberse hecho dos o más particiones parciales, dicho inicio será desde que se termine la última, que será cuando el perjudicado pueda comprobar si existe la lesión, una vez finalizadas las operaciones particionales, ya que, aún cuando se hubiese producido en cualquiera de las anteriores, hasta la última puede corregirse la lesión.
 
Se trata de un plazo de caducidad (Sentencias de 4 y 5-7-57, 26-6-67, 8-7-92 y 4-9-95), por lo que no está sujeto a interrupción (Sentencias de 24-12-27 y 7-2-58). La jurisprudencia 37 considera que el ejercicio de la acción de nulidad, sin pedir en el mismo pleito la rescisión de la partición, no interrumpe esta última acción, ya que, una vez fracasada dicha acción de nulidad, no podrá ejercitarse la rescisoria si han pasado los cuatro años desde la partición.

Se plantea el problema de si el inicio del plazo contemplado en el artículo 1.076 se aplica en todo caso o, por el contrario, debe tenerse en cuenta el igual y diferente inicio establecido en el artículo 1.299 del Código Civil, cuando advierte que si existen personas sujetas a tutela o ausentes, el plazo se inicia desde que cesó la incapacidad o sea conocido el domicilio de los ausentes. Pues bien, la sentencia de 26-11-36 38, en un supuesto de partición en la que estaban interesados menores representados por su padre o madre, dio preferencia al artículo 1.076, señalando que el artículo 1932 del Código Civil deja siempre a salvo, a las personas impedidas de administrar sus bienes, el derecho para reclamar contra sus representantes legítimos, cuya negligencia hubiese sido causa de la prescripción. Por el contrario, la sentencia de 24-12-24 aplica el inicio del plazo que refleja el artículo 1.299 para los casos de personas sujetas a tutela o para los ausentes, salvo que las acciones hubieran nacido “antes de la declaración de ausencia que pudiera ejercitar después de ésta el representante” (Sentencia de 24-12-27).
        
e) Ejercicio de la Acción.
      
La legitimación activa corresponde al heredero que resulta perjudicado (Sentencias de 25-3-14 y 6-11-34). También pueden ejercitarla los acreedores de la herencia conforme al artículo 1.291.3°. del Código Civil.
 
La pasiva pertenece a los restantes coherederos. Se ha planteado una interesante cuestión a nivel doctrinal 39 respecto a si existe, en todo caso, un litisconsorcio pasivo necesario. La jurisprudencia, sin embargo, ha venido declarando la necesidad inexcusable de que en la parte pasiva del litigio concurran todos los herederos interesados 40.

El momento al que habrá de estarse, para apreciar si existe o no lesión lo establece el artículo 1.074 del Código Civil “atendido el valor de las cosas cuando fueron adjudicadas”, y no el que pudieran tener al fallecimiento del causante (Sentencias de 16-11-55, 24-11-60 y 17-1-85).

Finalmente, es reiterada la jurisprudencia a la hora de exigir la prueba cumplida sobre la realidad de la lesión “en más de la cuarta parte”, según el artículo 1.074. Así las sentencias de 24-11-60, 3-1-62 y 14-6-71.
      
f) Efectos de la Rescisión.
      
En principio la rescisión debería provocar una nueva partición, salvando la lesión apreciada. Pero el espíritu eminentemente restrictivo, que nuestro Código aplica en materia de particiones hereditarias y por ello favorable al principio de conservación de la partición, le lleva a mantener la partición defectuosa, aunque corrigiendo la lesión producida. Es más, aún en los casos en que se produzca una nueva partición, ordena que ésta no alcance o afecte a los que no hayan sido perjudicados, como veremos seguidamente.

Son reglas a tener en cuenta las siguientes:
      
1º. El heredero demandado podrá optar entre indemnizar el daño o consentir que se proceda a nueva partición (artículo 1.077). Se trata de evitar los inconvenientes y perjuicios a que pudiera dar lugar la devolución de las cosas (Sentencia de 17-1-85). El criterio legal quizá fuera más justo concediendo el derecho a optar al perjudicado y no al heredero beneficiado.

No existe en el Código precepto alguno que indique el momento en el que se puede ejercitar el derecho de opción. Desde luego puede hacerse en el propio pleito de la rescisión (Sentencia de 23-6-52), al contestar a la demanda o en la propia audiencia previa del juicio ordinario. Incluso en este mismo acto el actor, ante la contestación dada por el demandado, podrá exigir que se requiriera a éste para que manifestare si opta por una u otra solución. Puede ejercitarse este derecho incluso con posterioridad a la sentencia (Sentencia de 25-10-13), lo que supone hacerlo en el trámite de ejecución (Sentencias de 25-2-80 y 25-3-85).
      
2º. El derecho de opción no es absoluto. Como declaró la sentencia de 19-5-45 41, no se podrá optar por la indemnización cuando con ésta no se tenga garantía de que de poderse reparar la lesión, salvo practicando una nueva partición. Por lo tanto, el derecho de opción desaparece cuando no exista la posibilidad de reparar el daño sin practicar una nueva partición 42.
      
3º. Si el heredero opta por la indemnización, ésta puede consistir en numerario o en la misma cosa en que resultó el perjuicio (artículo 1.077, párrafo 2°), y comprenderá no sólo el valor de la cosa, sino también el de los frutos e intereses conforme a los artículos 1106 y 1295.
    
Se ha dicho 43 que la expresión “en la misma cosa” es incorrecta, pues esto en la práctica no será siempre posible, por lo que el artículo debe interpretarse en el sentido de que la indemnización puede consistir en numerario o en cosas de la misma naturaleza, calidad o especie: muebles por muebles, fincas por fincas, valores por valores, etc.

Tampoco el Código establece regla alguna para el supuesto de que, siendo varios los herederos, unos opten por indemnizar y otros por una nueva partición. Lacruz 44 señala que será el Juez el que determine en tal caso.
      
4º. Si se procede a nueva partición, no alcanzará ésta a los que no hayan sido perjudicados ni percibido más de lo justo (párrafo 3° del artículo 1.077). Lo que supone que la nueva partición será solamente parcial, limitada al heredero o herederos perjudicados y beneficiados, así como a los bienes de sus respectivos lotes. Solución que no siempre será factible en la práctica, lo que como re-chazo provocará la práctica de una nueva partición.
            
1.2.4. Adición y Modificación de la Partición.
      
Afirma el artículo 1.079 del Código Civil que “la omisión de alguno o algunos objetos o valores de la herencia no da lugar a que se rescinda la partición por lesión, sino a que se complete o adicione con los objetos o valores omitidos”.

No se trata de anular o dejar sin efecto la partición, sino simplemente de complementar o rectificar respecto del bien o valor omitidos, lo que permite una mayor amplitud de criterio a la hora de optar por este medio en lugar de anular o rescindir la partición, en cuanto que con la rectificación se respeta el principio de conservación de la partición. La sentencia de 26 de febrero de 1979 así lo entiende, cuando señala que la adición o complemento de la partición procede no sólo cuando no se han incluido en la primeramente practicada determinados bienes de la herencia, sino también cuando la omisión alcance a valoraciones o cuando las efectuadas en el cuaderno particional redunden en perjuicio del principio de igualdad que debe presidir la formación de los lotes, pues es lógico que toda valoración mal realizada y que por ello ocasione ese perjuicio supone en sí una falta u omisión de un valor, aunque lo sea parcialmente, y que necesita ser corregida o rectificada, y esta necesidad de corregir la valoración mal hecha la reconoce la doctrina jurisprudencia al interpretar el artículo 1.079 del Condigo Civil, proclamando, como expresamente declara la sentencia de 17 de marzo de 1955, la necesidad o conveniencia de mantener las operaciones divisorias en cuanto sea posible, sin perjuicio de llevar a ellas las adiciones o rectificaciones que sean procedentes.

Pueden sentarse las siguientes conclusiones:
      
1º. Con la operación de complemento o adición no trata de modificar la anterior partición ya hecha, que ha de continuar incólume, sino de practicar la división del concreto bien o bienes omitidos. El artículo 1.097 es ajeno a la idea de reajuste o modificación de la partición ya realizada.
      
2º. El artículo 1.097 se aplica tanto si la omisión de bienes o valores es voluntaria como involuntaria (Sentencias 10-10-58 y 13-10-60), si bien no debe concurrir dolo o mala fe, pues entonces procedería la nulidad de la partición 45.

3º. Es importante tener el cuenta la naturaleza o importancia de la rectificación solicitada, porque si los bienes o valores omitidos afectan a puntos esenciales de la partición, como por ejemplo la determinación de su origen o procedencia (si pertenecen o no a la herencia), o tienen una notoria importancia o valor, causándose “agravios patrimoniales sustanciales y enormes”, entonces no es aplicable el artículo 1.097, ya que éste está pensado para cuando la omisión afecta a bienes de escasa importancia. Así las sentencias de 8-6-45, 11-12-2000 y 22-10-02, estas dos últimas ya comentadas.
      
4º. La rectificación procede aunque los bienes omitidos hubiesen sido enajenados con anterioridad y sustituidos por otros, como así lo declaró la sentencia de 13-10-60, que cita otra muy anterior.
      
5º. Cuando el artículo 1.079 del Código Civil habla de objetos o “valores”, a pesar de que sobre este último concepto existe discrepancia doctrinal 46, la jurisprudencia parece entender que dicho término se refiere igualmente a los posibles defectos de valoración de algún bien. Así, sentencias de 17-3-55 y 26-2-79 47.
      
A estos efectos de valoraciones se debe distinguir, sin embargo:
      
a) Si la partición fue hecha por el propio testador, dando a alguno de los bienes una valoración inferior a la real, no puede obligarse al heredero beneficiado a indemnizar al resto, a menos que “aparezca o racionalmente se presuma que fue otra la voluntad del testador”, como afirma el artículo 1.075 del Código Civil, ya que en tal caso los herederos vienen obligados a “pasar” por la partición, como también lo dice el artículo 1.056, párrafo 1°.
      
b) Si la partición fue judicial y terminó en sentencia dictada en el juicio declarativo que corresponda por razón de la cuantía (generalmente el ordinario), a que se refiere el artículo 787.5, párrafo 2°. de la LEC, al producir dicha sentencia efectos de cosa juzgada, ya no podrá volverse sobre la valoración de los bienes. Otra cosa ocurre con la sentencia dictada en el juicio verbal especial de división de la herencia, que, por no producirla, puede ser revocada por la posterior dictada en aquel otro juicio.
      
c) Si la partición fue convencional y recayó acuerdo unánime después de la controversia mantenida sobre el tema de la valoración, tampoco cabrá impugnarla en base a dicho acuerdo expreso. Pero de no existir controversia sobre el defecto de valoración y éste fuere ignorado por el heredero al tiempo de hacerse la partición, podrá impugnarla en virtud de alguna de las causas que la anulan, rescinden o adicionan.

6º. Existe la controversia en si la omisión de la obligación de colacionar apreciada en una partición provoca su nulidad o simplemente puede complementarse o adicionarse con fundamento en este artículo 1.079. Existen sentencias en ambos sentidos, como lo expone la de fecha 11-12-02 48. Según esta sentencia, la solución vendrá condicionada a que el bien o bienes a colacionar sean de mucha o de poca importancia. En el primer caso la omisión de la colación daría lugar a la nulidad; en el segundo bastará con el mero complemento o adición de la partición ya hecha.
      
7º. Aunque en la demanda se pida la nulidad de la partición porque es preciso establecer en ella correcciones determinadas, incluso reducciones de legado u otras cuestiones, no es incongruente la sentencia que, concediendo dichas peticiones, sustituya la nulidad por el mero complemento o adición de la partición 49.
      
Por último, respecto de la prescripción de la acción para pedir el complemento o adición, se deben distinguir dos supuestos. Si se trata de omisión de bienes, la acción será imprescriptible por lo dispuesto en el artículo 1.965 del Código Civil, sin perjuicio de la posibilidad de usucapirlos por parte de quien los posea. Si se trata de omisión de valores por infravaloración de alguno de los adjudicados, será aplicable el plazo general de quince años del artículo 1.964, pues se trata de una acción personal indemnizatoria que no tiene señalado plazo especial.

1.2.5. Omisión o Preterición de Algún Heredero.
      
El artículo 1.080 del Código Civil dice que “La partición hecha con preterición de alguno de los herederos no se rescindirá, a no ser que se pruebe que hubo mala fe o dolo por parte de los otros interesados; pero éstos tendrán la obligación de pagar al preterido la parte que proporcionalmente le corresponda”. Es una demostración, otra más, del principio de conservación de la partición.

El precepto habla de “preterición”, pero debe aclararse, como se desprende del propio precepto, que dicha preterición u olvido es la que tiene lugar por parte de los coherederos, no por parte del testador. No se alude, por tanto, a la institución de la preterición testamentaria, comprendida en el artículo 814 del Código.

También dice que se “rescindirá” la partición (caso de existir dolo o mala fe en la omisión). El término es jurídicamente discutible, pues si la partición tuvo naturaleza contractual por haber sido hecha por los coherederos con ausencia del omitido, ello provocará su nulidad, ya porque falta el consentimiento del omitido y ello supone la ausencia de un elemento necesario para que la partición pueda producir sus efectos, según el artículo 1261.1.° del Código Civil; ya porque falta uno de los presupuestos necesarios para dotarla de validez, al no existir la unanimidad que requiere el artículo 1.059 del mismo Código para practicarla.

En todo caso, lo que regula el precepto es un supuesto de complemento o adición, siguiendo la línea del artículo inmediato anterior. De existir mala fe o dolo en la preterición, el supuesto quedaría dentro del ámbito del artículo 1.074 relativo a la rescisión; incluso dentro del artículo 1.073, si se entendiere que más que una acción de rescisión se trata de otra de nulidad 50 y 51.

Por último, la sentencia de 20-4-51 afirma un principio que, no por esencial y conocido, debe reiterarse ahora: Que la mala fe o el dolo deberá demostrarse mediante prueba, ya que la buena fe se presume.
      
II.- IMPUGNACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL.
      
2.1. Introducción.
      
Todo lo que se expuso con relación a la impugnación de la división de la herencia debe entenderse, en principio, aplicable a la impugnación de las operaciones de liquidación del patrimonio común matrimonial, ya que el artículo 1.410 del Código Civil establece que “en todo lo no previsto en este capítulo sobre formación de inventario, reglas sobre tasación y ventas de bienes, división del caudal, adjudicaciones a los partícipes y demás que no se halle expresamente determinado, se observará lo establecido para la partición y liquidación de la herencia”.

Carece el Código, por tanto, de una doctrina general en la que se concreten los motivos por los que pueden impugnarse las operaciones de liquidación del régimen económico matrimonial y por ello, con fundamento en dicho artículo 1.410, se habrá de acudir a los artículos 1.073 a 1.081, que regulan la rescisión de la partición de la herencia.

Afirma Serrano Alonso 52 que de la lectura de estos preceptos se desprende con claridad que parte de ellos resultan inaplicables a la liquidación, por partir de un presupuesto que no cabe en la sociedad de gananciales, como por ejemplo el artículo 1075, ya que no es posible una liquidación hecha por uno solo de los cónyuges; o el artículo 1080, ya que no es pensable la preterición de uno de los cónyuges.

Un repaso a la jurisprudencia pone de relieve dos extremos importantes. El primero, que la mayoría de los casos se refieren a litigios sobre la calificación de los bienes (gananciales o privativos) y a su inclusión o exclusión del activo o el pasivo de la sociedad. El segundo, que abundan mucho más los casos de simple complemento o adición de la liquidación, incluso la rescisión con facultades de optar, que los de ineficacia o nulidad de la misma.

Serrano Alonso 53 sistematiza las posibles causas de impugnación de la liquidación en tres grandes grupos: Ineficacia por las mismas causas de ineficacia de los contratos, ineficacia por fraude de acreedores y, por último, la rescisión por lesión a un cónyuge o a sus herederos.
      
2.2. Ineficacia de la Liquidación por las Mismas Causas de Ineficacia de los Contratos.
      
a) Nulidad Absoluta de la Liquidación. Puede plantearse porque se infringió algún presupuesto esencial para liquidar o porque falte cualquiera de los elementos esenciales del negocio jurídico a que alude el artículo 1.261 del Código Civil.
      
b) Infracción de algún presupuesto legal esencial del negocio jurídico de liquidación.
      
Es el caso análogo al de la partición de la herencia sin liquidar previamente la sociedad de gananciales del causante, ya sea ésta única o varias por existir varios matrimonios sucesivos. Se refiera a tal caso la sentencia de 17-10-02 54, declarando la nulidad de la liquidación.
 
Por el contrario, no supondría infracción de requisito alguno el que la liquidación se entienda únicamente con los cónyuges, dejando al margen a otros posibles interesados o afectados por la misma, ya que la acción que se ejercita es exclusivamente la tendente a liquidar la sociedad de gananciales (aunque de la misma puedan derivarse otras, como la de la división de la cosa común). Sin perjuicio de que tales terceros con derecho sobre los bienes de la sociedad a liquidar puedan dirigirse contra los antiguos cónyuges en proceso independiente. Así lo confirman las Sentencias de 18-10-96, 29-9 y 30-10-97.
      
c) Falta de un Elemento Esencial. 1°. Consentimiento. Aunque no se trate de ausencia de consentimiento, sino de consentimiento prestado pero en sentido contrario al que figuraba en el cuaderno de liquidación, se debe citar la sentencia de 10-11-97, en donde la esposa pedía la nulidad de la liquidación haciendo valer el consentimiento prestado por los ex cónyuges en el convenio regulador, aprobado judicialmente en la sentencia de separación y en donde se atribuía el uso y disfrute de la vivienda a la citada, frente al criterio del contador-partidor, que se lo atribuía por mitad a ambos integrantes del disuelto ma-trimonio 55.

Relacionado con el convenio regulador también es de citar la sentencia de 6-3-03. Se trataba de la impugnación de las operaciones de liquidación al considerar que se producía lesión en más de la cuarta parte. El Tribunal Supremo entiende que al hacerse en el convenio la liquidación de la sociedad de gananciales y establecerse de manera explícita que lo en él pactado no suponía desequilibrio alguno para ninguna de las partes, ello equivalía a una renuncia inequívoca, puesta en relación con el resto de sus cláusulas.

Igualmente relacionado con el convenio regulador la Sentencia de 3-5-99 casó la dictada por la Audiencia que, confirmando la de primera instancia, disponía la venta en pública subasta de la vivienda familiar adjudicada a la esposa en el convenio. Afirma dicha sentencia que al no modificarse dicho convenio, la venta no era ajustada a derecho. No aparece muy claro por qué la concesión del uso y disfrute de la vivienda a un cónyuge en el convenio regulador impide su venta a un tercero.

Finalmente, el que la liquidación se haya practicado en un convenio regulador, aprobado judicialmente, no impide que el cónyuge perjudicado puede instar la rescisión por lesión, como proclama la Sentencia de 26-1-93.
      
2°. Ausencia o Licitud del Objeto. Se debe citar la sentencia de 30-3-93, en la que se consideró como un supuesto de “objeto no cierto”, a pesar de lo cual el cuaderno del contador lo tenía en cuenta para liquidar. Se trataba de la omisión en el pasivo de la sociedad de gananciales de determinados bienes de carácter privativo, cuya devolución en su momento al cónyuge titular pudo determinar la inexistencia de bienes gananciales para repartir. El cónyuge pedía el complemento o adición y no la nulidad total. La sentencia la rechaza por considerar que con la mera adición no sería suficiente para subsanar, por un lado, la omisión de preceptos esenciales en la partición, cual el artículo 1.422, relativo a que la liquidación deberá tener en cuenta los bienes existentes al momento de liquidarse el régimen económico de que se trate (artículo 1.397.1° para el régimen de gananciales); por otro, los artículos. 1.261.2° y 1.273, “al haber recaído la partición sobre un objeto que no es cierto”.
      
3°. Ilicitud o Inexistencia de la Causa. Aunque la sentencia de 20-7-93 hable de error tanto en el objeto como en el propio consentimiento, anulando la liquidación, bien podría citarse el caso como un supuesto de inexistencia de causa, ya que se trataba de incluir un bien inmueble como ganancial, siendo así que se había escriturado como compraventa de uno de los cónyuges, a pesar de encubrir una donación por no existir precio y sí ánimo de donar. Se reconoce en dicha sentencia la validez de la donación y por lo tanto la inclusión del bien objeto de la misma en el activo de la sociedad de gananciales
      
d) Anulabilidad. Se trata de los llamados vicios del consentimiento, entre los que ocupa un lugar destacado por su reiterada invocación en la práctica el error, ya sobre la propia naturaleza o clasificación del bien (privativo de un cónyuge o común de la sociedad) ya sobre la valoración otorgada a los bienes. En uno u otro caso deberá ser esencial o sustancial, es decir, cuando según el artículo 1.266 del Código Civil recae sobre la sustancia de la cosa objeto del contrato o sobre sus condiciones que hubiesen sido motivo a su celebración, ya que en otro caso provocará la nulidad radical de la partición o liquidación.

La ya citada sentencia de 30-3-93 permite afirmar que cuando en la liquidación se omiten bienes importantes o cuando se hayan incluido con carácter o cualidad distinta a la que realmente tenían, ello supone una errónea calificación dentro de las partidas que integran el inventario, determinando un resultado viciado que lleva a declarar la nulidad de la partición y no su mero complemento o adición. Dicha sentencia sigue una línea jurisprudencial consolidada respecto a distinguir entre que la omisión no tenga carácter accidental y por ello subsanable efectuando una liquidación complementaria, y otra esencial que incide en el conjunto de la liquidación.

En los casos en que se invoque un error en la valoración, deberá distinguirse según se supere en la cuarta parte, dando lugar a su rescisión por lesión, o cuando no llegue a tal límite, en cuyo caso volveremos a la distinción entre vicio esencial, que provoca la anulabilidad de la liquidación, o simplemente accesorio, que permitirá el mero complemento o adición a la misma. La realidad enseña que en la práctica totalidad de los casos se opta por esta última posibilidad, favorecida, además, por la facilidad en trasladarla a la liquidación, a diferencia de la división de la herencia cuando existen varios coherederos, ya que la igualdad entre los lotes no siempre admite con facilidad las correcciones valorativas, al poder quedar descompensados, mucho más si los herederos perjudicados no aceptan los suplementos en metálico. Es cierto que la jurisprudencia 56, a la hora de interpretar el artículo 1.061 del Código Civil, señala que su contenido es más una recomendación que un mandato imperativo, pero ello no permite, sin más, concluir la absoluta inoperancia del precepto, ya que en los casos en que pueda observarse con facilidad el principio de la igualdad de los lotes, la observancia del artículo se impone a quienes intervienen en la partición, lo que permite impugnar la partición o liquidación.

También se producirá la anulabilidad de la liquidación cuando exista una falta de la capacidad de obrar en alguno de los que deban intervenir en ella. Es el caso de menores, incapaces o pródigos, quienes deberán estar representados por quienes ejerzan la patria potestad, tutela o curatela. En estos casos la liquidación deberá realizarse conforme así lo dispone el artículo 1.057, último párrafo, del Código Civil. Nos remitimos a lo antes dicho sobre si se trata de un supuesto de nulidad o anulabilidad 57.
      
2.3. Ineficacia de la Liquidación por Fraude de Acreedores.
      
No cabe duda de que según se califiquen los bienes como privativos de uno de los cónyuges o gananciales pueden peligrar los derechos de los acreedores, ya del propio consorcio ya de cualquiera de ambos cónyuges, por lo que pueden estar interesados en intervenir en el proceso de liquidación. Por otro lado, la jurisprudencia declara con reiteración que los preceptos relativos a la rescisión por lesión son de perfecta aplicación a la liquidación de la sociedad de gananciales (Sentencias, entre otras, de 18-10-96 y 14-11-02).

El Código Civil señala en su artículo 1.402 que “los acreedores de la sociedad de gananciales tendrán en su liquidación los mismos derechos que le reconocen las leyes en la partición y liquidación de la herencia”, por lo que supone una remisión a los artículos 1.082 y ss. del mismo y a los artículo 782 y ss. de la actual LEC. Esta última no les reconoce legitimación para poder instar la partición, pero sí se la admite para estar presentes e intervenir en las operaciones particionales, pudiendo impedir la adjudicación de los bienes a los partícipes hasta tanto no se les abonen sus créditos o afiance su importe (artículo 792.2 LEC).

El que en materia de rescisión por fraude sea de aplicar la general doctrina y jurisprudencia que emana de los artículos 1.291.3°. y siguientes del Código Civil, no quiere decir que no exista un cuerpo de sentencias que hacen declaraciones específicas para la liquidación del patrimonio ganancial y que por ello deben ser tenidas en cuenta.

Así, no siempre que se produzca un supuesto de fraude, que por otro lado deberá quedar plenamente demostrado, se generará “automáticamente” la rescisión, pues como afirman las sentencias de 17-11-87, 19-2-92 y 18-11-98, para que el fraude rescinda la liquidación será preciso, además, que la norma supuestamente infringida lleve consigo la sanción de nulidad del acto fraudulento, y en materia de liquidación de la sociedad de gananciales tal efecto anulatorio puede que no se produzca, al establecer los artículos 1.401, 1.402 y 1.407, en relación con el 1.084, del Código Civil el principio de responsabilidad solidaria y “ultra vires” de los herederos (aquí, los cónyuges) frente a los acreedores, por lo que además de la responsabilidad patrimonial del cónyuge deudor, existirá también la de la masa ganancial, que no desaparece por el hecho de que sus bienes hayan sido adjudicados, e incluso la del otro cónyuge no deudor respecto de los bienes que le fueren adjudicados en la liquidación, por lo que aún después de la liquidación permanece viva la acción del acreedor, como igualmente lo prevé el artículo 144, párrafo 2°, del Reglamento Hipotecario. De donde se deduce que, aún existiendo fraude, si los acreedores pueden dirigir sus acciones en pago de sus derechos de crédito frente a cualquiera de los cónyuges y el cobro es perfectamente factible, la rescisión no se producirá porque su carácter accesorio o subsidiario únicamente opera cuando el perjudicado no tenga otro remedio para cobrar 58.

Ahora bien, esta doctrina es compatible con el ejercicio de la acción rescisoria por fraude de acreedores, pues como afirma la Sentencia de 19-2-92: “es la inoponibilidad del cambio (se refiere a que la modificación de las capitulaciones anteriores llevada a cabo por los cónyuges, sustituyendo el régimen ganancial por el de separación y liquidando aquélla, no puede oponerse a los terceros de buena fe, conforme al artículo 1.335 del CC) que exige una declaración judicial que la haga valer, pues si bien, en pura teoría (Sentencias 20-3-89 y 10-9-87), la responsabilidad de los bienes consorciales persiste ‘ex lege’, es evidente que a través del expediente liquidatorio y ulterior adjudicación del activo consorcial a uno de los cónyuges, los bienes comunes pasan a ser sustantiva y registralmente privativos, con la incuestionable alteración del régimen de responsabilidad de los mismos, lo que exige la destrucción de esa nueva configuración dominical [...] mediante la oportuna declaración jurisdiccional”. Es lo mismo que tiene lugar con el ejercicio de la acción de nulidad absoluta, pues como afirma Castán 59,  como el acto nulo no produce efecto alguno, no es menester, en principio, que sea objeto de impugnación ni que se declare judicialmente su nulidad; más como dicho acto ha provocado una apariencia de realidad o validez, es necesario o conveniente destruir esa apariencia si constituye obstáculo para el ejercicio de un derecho, según así ya lo proclamó la Sentencia de 3-1-47.
    
2.4. Ineficacia de la Liquidación por Lesión.

No cabe duda que la rescisión por lesión en más de la cuarta parte, señalada en el art. 1.074 del Código Civil, es plenamente aplicable a la liquidación del régimen económico matrimonial, no sólo por la expresa remisión que el artículo 1.410 hace a las normas de la partición y liquidación de la herencia, sino, además, porque el mismo artículo 1.291.5º admite la rescisión por lesión en “cualesquiera otros en que especialmente lo determine la ley”, como es el caso del citado artículo 1.074. La sentencia de 11-6-83 así lo declara sin género de duda.

Por otro lado, ya se dejó dicho que la rescisión por lesión procede aunque la liquidación se hiciere en el convenio regulador de la separación o divorcio y fuere aprobado judicialmente, como declara la sentencia de 26-1-93, ya que la aprobación judicial no despoja al convenio regulador de su carácter de negocio jurídico, limitándose a homologarlo, pero sin examinar su posible corrección contable y valorativa de las operaciones liquidatorias, ni mucho menos la ausencia de vicios de la voluntad en el consentimiento prestado.

Así mismo, la rescisión por lesión provoca que el partícipe beneficiado pueda hacer uso del derecho de opción que le confiere el artículo 1.077 del Código Civil, tal y como lo constata la Sentencia de 7-11-90. Pero hay que tener en cuenta, como ya se dejó expuesto, que este derecho no era incondicionado, ya que dependía de si con él podía superarse el perjuicio sufrido con la lesión 60.

Por otro lado, teniendo en cuenta el carácter subsidiario y excepcional de la acción rescisoria, la sentencia de 20-11-93 declaró que no procedía la rescisión por lesión en más de la cuarta parte “cuando haya dejado de incluirse en ella (voluntaria o involuntariamente) algunos bienes o valores (parece que se está aludiendo al criterio diferencial entre bienes o valores de importancia o de escaso valor), lo procedente no es la rescisión de la liquidación, sino el complemento o adición de la misma con los bienes o valores omitidos.

Otro supuesto de rescisión, al superar la lesión en más de la cuarta parte, viene declarado por la Sentencia de 14-11-02, en la que, después de hacer un amplio resumen sobre la jurisprudencia respecto del precio que debe tenerse en cuenta al liquidar la vivienda familiar de protección oficial, ordena corregir en tal exclusivo particular la liquidación de la sociedad de gananciales.

a) Adición y Modificación de la Liquidación. Para evitar reiteraciones y como quiera que este apartado participa de forma sustancial del capítulo relativo a la impugnación de la partición de la herencia, contenido en las págs. 48 y ss. del presente trabajo, al mismo nos remitimos, dando por reproducido lo en él ya expuesto.

 

* Magistrado Presidente de la Sección 6ª. de la Audiencia Provincial de Oviedo, España.

1 Las Sentencias de 19-6-78, 26-2-79, 8-7-95 y 18-12-2000 permiten, con amplio criterio de admisibilidad, hacer en los cuadernos las correcciones oportunas cuando exista omisión de objetos o valores de la herencia que, aún no dando lugar a la rescisión por lesión al no superar el límite de la cuarta parte, obligue a completar o adicionar dichos cuadernos con los objetos y valores omitidos, dando lugar a la mera rectificación incluso en los casos de infravaloración si esta es importante, pues en otro caso se entraría en colisión con el principio de conservación de la partición.

2 Dice la indicada sentencia que las particiones realizadas por el contador-partidor equivalen a las practicadas por los propios testadores, por lo que, como afirma la Sentencia de 18-2-87, deben respetarse (Sentencia de 25-4-63), no precisando el consentimiento ni por tanto la intervención de los interesados al no tener carácter contractual (Sentencias de 17-5-10, 17-4-43 y 17-6-63), a diferencia de la hecha por los coherederos, por lo que, añade la Sentencia de 25-2-66, se impone la aplicación de los preceptos sustantivos que determinan la existencia, validez y eficacia de los negocios jurídicos, y por consiguiente de los referentes a su inexistencia, nulidad y rescisión (Sentencia de 9-3-51), de lo cual se sigue que las particiones de la clase expresada, en las que hayan concurrido los esenciales requisitos que exige el artículo 1.261 del Código Civil para la existencia de los contratos, podrán ser anuladas conforme al artículo 1.265 si el consentimiento prestado lo ha sido por error, violencia, intimidación o dolo, y rescindidas no solamente por las causas legalmente previstas para las obligaciones en general –artículos 1.073 y 1.291 del Código Civil–, sino también por la especial de lesión en más de la cuarta parte comprendida en el artículo 1.074 de nuestro cuerpo legal, pues carente nuestro Código Civil de todo precepto de carácter general relativo a la nulidad de las particiones, son aplicables a esta materia las normas generales del derecho sobre la invalidez de los negocios jurídicos, y, por ende, lo relativo a la ausencia e ilicitud de la causa (Sentencias de 2-11-34 y 2-11-57).