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Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Amparo Improcedente Cuando se Reclama por sí Mismo el Incumplimiento de una Recomendación no Vinculante.
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En relación con el incumplimiento de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el juicio de amparo resulta improcedente, dado que, con independencia de que no se trate de un organismo nacional interno, en términos exactos de lo dispuesto en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es incontrovertible que participa de la misma naturaleza esencial de un organismo autónomo, cuyo objeto es el de conocer e investigar (en términos de la convención de la que surge) presuntas violaciones de derechos humanos y formular recomendaciones, en su caso. Para corroborar lo anterior basta consultar el contenido del artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también conocida como Pacto de San José), que establece: "La comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones: ... 5. Formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los Gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas a favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos.". En tal virtud, no existe razón lógica o jurídica para desconocer la identidad en cuanto a la naturaleza de las recomendaciones que emiten las comisiones de derechos humanos (sean nacionales o internacionales), en este caso, tanto la interamericana como la de índole nacional, pues ambas participan de las mismas características esenciales, es decir, las de no ser vinculantes ni materialmente obligatorias para la autoridad a la que se dirigen; por tanto, carecen de un mecanismo propio para hacerse exigibles mediante el ejercicio de alguna facultad de imperio o autoridad, esto es, coercitivamente. Así, tratándose de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el artículo 46 de su ley señala: "La recomendación será pública y autónoma, no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia. ...". Por su parte, el artículo 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece: "1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del informe de la comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la comisión o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración.-2. La comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le competen para remediar la situación examinada.-3. Transcurrido el periodo fijado, la comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe. ...". Como puede verse, en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitida una recomendación a un Estado miembro se asigna un plazo para que adopte las medidas que le competan para remediar la situación examinadora. Transcurrido dicho plazo, si el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte Interamericana (órgano distinto a la comisión que, a diferencia de aquélla, sí cuenta con competencia jurisdiccional), por parte de la comisión o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la comisión podrá determinar la publicación del informe sobre la recomendación no cumplida en el informe anual a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Luego, la consecuencia prevista para el posible incumplimiento de una recomendación, por parte de un Estado miembro, no es otra que la publicación del informe que así lo determine en el informe anual rendido a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos; y sin prejuzgar sobre el efecto que esa clase de publicación pudiere tener en el ámbito de las relaciones internacionales, es evidente que en el plano jurídico y material no existe un mecanismo de ejecución obligatoria respecto de la recomendación emitida, por tanto, ésta puede o no ser cumplida por el Estado de que se trate, como acto de voluntad política en el plano de dicha relación multinacional; sin embargo, la aludida recomendación (al igual que las emitidas por las comisiones nacionales), por sí misma no constituye, modifica o extingue una situación jurídica concreta y específica en beneficio o perjuicio de los particulares, esto es, no establece el surgimiento de un derecho público subjetivo a cuyo cumplimiento esté constreñido el Estado o autoridad en cuestión. Por lo anterior, si no existe ningún precepto en la legislación nacional ni en el ámbito de un tratado internacional exigible que determine la obligatoriedad vinculante de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es evidente que el eventual incumplimiento de alguna de ellas, en sí mismo, no constituye la transgresión a disposición legal alguna cuyo acontecer implique violación de garantías por parte del Estado mexicano en perjuicio de particulares en concreto, debido a que, a su vez, la recomendación en sí tampoco constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo.
Novena Época:
Amparo en revisión 136/2002. 13 de diciembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretaria: Raquel Mora Rodríguez.
Semanario Judicial de la Federación , Tomo XVIII, Julio de 2003, Tesis II.2o.P.72 P, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Página 1047.
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Sanciones Administrativas Impuestas por los Titulares de Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito a Servidores Públicos Adscritos a estos Órganos Jurisdiccionales. No son Impugnables a Través del Recurso de Apelación Previsto en el Código Federal de Procedimientos Penales. |
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Las sanciones administrativas impuestas por los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito a los funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respectivamente, no pueden ser impugnadas a través del recurso de apelación previsto en los artículos 363, 364, 365 y 366 del Código Federal de Procedimientos Penales, aun cuando el artículo 199 del Acuerdo General Número 48/1998, que regula la organización y funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y nueve, disponga que dicho ordenamiento legal es aplicable supletoriamente en los procedimientos administrativos de responsabilidad que se sigan en contra de aquellos servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que hayan estado adscritos o se encuentren adscritos a algún órgano jurisdiccional, debido a que este tipo de determinaciones no constituyen resoluciones judiciales, sino que su naturaleza es administrativa.
Novena Época:
Amparo en revisión 394/2003. Marcos Martín Malagón Gómez. 16 de octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: Mario Alejandro Nogueda Radilla.
Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIX, Marzo de 2004, Tesis XXI.4o.9 A, Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, Página, 1617.
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Información Ad Perpetuam. Las Resoluciones Emitidas Durante su Trámite son Impugnables en Amparo Indirecto (Legislación del Estado de Nuevo León).
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La información ad perpetuam que se tramita en jurisdicción voluntaria en los términos del capítulo V del título único del libro cuarto del Código de Procedimientos Civiles del Estado, constituye un procedimiento cuyas actuaciones no pueden considerarse emitidas dentro de un juicio, toda vez que por éste se entiende toda controversia entre dos o más personas que se dirime ante un Juez, en el que fijada la litis se tramita y resuelve con arreglo a derecho; por otra parte, conforme al numeral 158 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales el juicio de amparo directo sólo procede contra sentencias definitivas o resoluciones dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que, sin resolver el juicio, lo den por concluido; de donde se sigue que como la jurisdicción voluntaria, a cuyo género pertenece la información ad perpetuam, no es propiamente un juicio, por no existir contención entre las partes, lo que se corrobora con el texto del dispositivo 939 del citado código procesal civil que, en lo que interesa, dice: "La información ad perpetuam podrá decretarse cuando no tenga interés mas que el promovente ...", es inconcuso que las resoluciones en las que se dirimen estas cuestiones deben ser impugnadas en amparo indirecto y no en vía uniinstancial.
Novena Época:
Amparo directo 99/2003. Raúl Reséndez Peña. 30 de abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio García Méndez. Secretario: Victoriano Eduardo Alanís García. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Tesis IV.3o.C.21 C, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, Página 977 .
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Edictos. El Cómputo del Plazo para su Publicación con el Fin de Anunciar la Venta en Subasta Pública de Bienes Inmuebles, Dentro de un Juicio Ejecutivo Mercantil, Debe Efectuarse con Base en Días Hábiles. |
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La publicación de los edictos en las puertas (estrados) del juzgado u oficinas fiscales de la localidad por parte del funcionario judicial para anunciar la venta en subasta pública de bienes inmuebles, constituye una actuación judicial, puesto que se lleva a cabo en cumplimiento de un acto procesal emitido por el juzgador. En ese tenor, si de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1064 y 1076, párrafo primero, del Código de Comercio, las actuaciones judiciales deben practicarse en días hábiles y en ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar dichas actuaciones, salvo los casos de excepción señalados por la ley, se concluye que el plazo de nueve días a que se refiere el diverso numeral 1411 del aludido código, es decir, el lapso durante el cual deben publicarse tales edictos, debe computarse en días hábiles y no en días naturales, pues sostener lo contrario, sería autorizar u obligar a ese funcionario judicial a realizar una actuación en contravención a aquellos preceptos, lo que resulta inadmisible.
Novena Época:
Contradicción de tesis 40/2002-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto, ambos del Décimo Noveno Circuito. 30 de octubre de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde Ramírez.
Tesis de jurisprudencia 72/2002. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de treinta de octubre de dos mil dos, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVII, Enero de 2003, Tesis 1a./J. 72/2002, Primera Sala, Página 99 .
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Remate. La Subasta es Pública y Tiene como Finalidad que Cualquier Persona Pueda Comparecer como Postor y el Ejecutante pueda Participar sin que Deba Consignar el Billete de Depósito que Garantice su Postura (Legislación del Distrito Federal). |
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De las disposiciones que en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal vigente regulan el remate, se desprende que debe ser público, en virtud de que es esencial dar oportunidad a cualquier persona que pueda interesarse a que tenga conocimiento e intervenga en él oportunamente, esto es, cualquier persona puede comparecer como postor, incluyendo el acreedor rematante y acreedores citados, con la finalidad de que puedan manifestar su voluntad de adquirir el bien en remate ante la presencia judicial; diligencia que comprende cuatro etapas: la primera, en la que el Juez pasa lista de postores presentados y determina la admisión o rechazo de las posturas, según llenen o no los requisitos legales; la segunda, la lectura de las posturas y la declaración de cuál de ellas es preferente, misma que constituye una declaración de voluntad en la que acepta adquirir en el precio fijado y en las condiciones estipuladas, siendo requisito para su legalidad que se cubran dos terceras partes del avalúo o el precio fijado; la tercera, en la que se da oportunidad a los postores para mejorar su oferta mediante pujas sucesivas y obtener así el mayor precio posible; y la cuarta, consistente en la adjudicación del bien al mejor postor. El anterior procedimiento encuentra justificación en que mediante el remate se dispone de los bienes propios del deudor para que con su importe se pague al acreedor, ante la imposibilidad de lograr el cumplimiento voluntario de la sentencia, pretendiéndose que los bienes se subasten en el mayor precio posible. En ese contexto, la posición del acreedor frente al deudor queda en equilibrio en la medida en que si acuden postores, el acreedor puede participar en la subasta sin que deba realizar la consignación que garantice su postura, porque su crédito declarado en la sentencia ejecutoria es suficiente para ese fin, máxime que si no acuden postores solamente tiene derecho a la adjudicación en el precio del avalúo o a que se saquen a remate a una segunda subasta con rebaja del veinte por ciento de la tasación, lo que encuentra justificación en el hecho de que el fin de la subasta es que ante la concurrencia de postores el bien pueda rematarse en el mayor precio posible y evitar que el deudor resienta una pérdida en su patrimonio por no haber acudido postores; en caso de esperar una segunda subasta, sin que existan de nueva cuenta postores, el acreedor puede pedir la adjudicación en el precio de la segunda subasta o que se le entreguen en administración los bienes para aplicar sus productos al pago de los intereses y extinción del capital y de las costas; de todo ello se concluye la existencia de un trámite específico para que el bien se saque a remate en subasta pública.
Novena Época:
Amparo en revisión 5423/2002. Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa. 6 de septiembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Ricardo Díaz Chávez.
Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVIII, Julio de 2003, Tesis I.3o.C.428 C, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Página 1200.
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Sociedad Conyugal. Para que los Derechos Derivados de Ésta Puedan ser Oponibles a un Tercero que Adquiere un Bien Inmueble por Adjudicación en Subasta Pública. Es Necesario que Dicho Bien se Encuentre Inscrito a Nombre de la Misma en el Registro Público de la Propiedad. |
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Si en un juicio ejecutivo mercantil el bien inmueble embargado ya fue materia de remate y adjudicación a un tercero, para que la esposa del demandado en el juicio pueda impugnar el procedimiento a través del juicio de garantías, alegando que le asisten derechos de propiedad sobre el inmueble de mérito por estar casada bajo el régimen de sociedad conyugal, es necesario que dicho inmueble se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad a nombre de la citada sociedad, puesto que la persona que adquiere por adjudicación la propiedad de un inmueble, también adquiere un derecho real.
Novena Época:
Amparo en revisión 199/92. Carmen Lomelí Pérez viuda de Ríos. 2 de marzo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Cayetano Hernández Valencia. Secretaria: Sabrina González Lardizábal.
Amparo en revisión 326/93. Hermelinda Estrada Rosas. 13 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Agustín Cerón Flores. Secretario: Amador Muñoz Torres.
Amparo en revisión 262/94. Eloísa Galván Rodríguez. 22 de noviembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Agustín Cerón Flores. Secretario: Jesús Manuel Erives García.
Amparo en revisión 372/97. Idolina Javalera H. de Moreno. 7 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Agustín Cerón Flores. Secretario: Julián Durán de Jesús.
Amparo en revisión 175/97. Lorenza Aguilera Castillo de Avena. 12 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Agustín Cerón Flores. Secretario: Jesús Manuel Erives García.
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, tesis 369, página 248, de rubro: "SOCIEDAD CONYUGAL, NECESARIA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES A NOMBRE DE LA, PARA QUE SURTA EFECTOS CONTRA TERCERO."
Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Junio de 1998, Tesis XVII.1o. J/2, Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Página 581.
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Edictos, Publicación de los, Para el Remate de Bienes. Por su Naturaleza no son Actuaciones Judiciales. |
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El artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone que hecho el avalúo se sacarán los bienes a pública subasta, anunciándose por medio de edictos. De esto se obtiene que la publicación de edictos constituye en realidad un anuncio dirigido al público que pudiera estar interesado en adquirir los bienes que se van a rematar. Por otro lado, el mismo código, en su capítulo II denominado "De las actuaciones y resoluciones judiciales", contiene en esencia una serie de normas que establecen el tiempo, el lugar y la manera en que deben pronunciarse las actuaciones judiciales, esto es, regulan la forma que deben revestir, impone la obligación al funcionario público que corresponda de proveer, presidir, autorizar, dar fe o certificar el acto respectivo y los términos en que debe hacerlo. En una palabra, el capítulo de referencia determina los requisitos formales y materiales que deben observar las actuaciones judiciales, requisitos que no reúne la publicación de edictos por ser una actividad que lleva a cabo el director de un periódico oficial, quien evidentemente no es autoridad, además de que tampoco el encargado de publicar el periódico es un tribunal y menos le recae un acuerdo en el mismo diario que deba autorizar, certificar o dar fe un funcionario público. Por todo esto, la publicación de edictos no puede ser considerada como actuación judicial, sino únicamente como la manera de dar cumplimiento al mandato de un Juez.
Novena Época:
Amparo en revisión 1082/2003. Cerámicas y Ladrillos Poluca, S.A. de C.V. 27 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: José Joaquín Herrera Zamora. Secretaria: Miguelina Hernández Martínez.
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 83/2003-PS resuelta por la Primera Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 17/2004, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 335, con el rubro: "EDICTOS PARA EL REMATE DE BIENES. SU PUBLICACIÓN EN LOS PERIÓDICOS NO ES UNA ACTUACIÓN JUDICIAL (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL)."
Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVIII, Julio de 2003, Tesis I.2o.C.24 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Página 1097.
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Remate. No es Obligación del Ejecutante Cubrir la Postura Legal Cuando al No Haber Participado en la Subasta y Ante la Ausencia de Postores, Solicita la Adjudicación del Bien (Legislación del Estado de Jalisco). |
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El artículo 561 del enjuiciamiento civil local, establece que cuando el crédito reconocido al ejecutante no cubra el veinticinco por ciento del importe de la postura legal, si quiere participar en el remate como postor debe hacer el depósito previsto en el dispositivo 560 del ordenamiento invocado, mas cuando aquél no interviene en la almoneda y en ella no hubo postores, el diverso precepto 570 del código aludido le concede la facultad de solicitar "en el acto de la diligencia o dentro de los tres días que sigan", que se le adjudique el bien subastado. Es decir, es tan claro este último artículo que su simple interpretación literal conduce a concluir que aun cuando el importe del crédito reconocido en sentencia al acreedor no rebase el veinticinco por ciento de la postura legal, si él no participó en la almoneda como postor está facultado para solicitar se le adjudique el bien sin necesidad de haber consignado el referido depósito.
Novena Época:
Amparo en revisión 59/2004. Joaquín Cervantes Mireles. 11 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretaria: Iliana Mercado Aguilar.
Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIX, Mayo de 2004, Tesis III.5o.C.69 C, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Página 1830.
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