Por Elisabet Cerrato Guri *

I. EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL. LA REALIZACIÓN POR PERSONA O ENTIDAD ESPECIALIZADA.

1.1. Concepto y Ámbito de Actuación.

La incapacidad del decimonónico sistema de ejecución civil, monopolizado por una ineficaz subasta judicial, demostró su insuficiencia para responder satisfactoriamente a los intereses de la ejecución, lo que hacía urgente la necesidad de instaurar nuevos mecanismos de realización de los bienes embargados que, de forma alternativa a la tradicional subasta, hiciesen más eficaz la ejecución civil. Así nacen el convenio de realización (artículo 640 Ley de Enjuiciamiento Civil) y la realización por persona o entidad especializada (artículo 641 Ley de Enjuiciamiento Civil) 2, dos modalidades de realización de los bienes alternativas a la subasta judicial que, por su carácter privado, auguran un resultado más rápido y eficaz.

Fijando estrictamente la mirada en la realización por persona o entidad especializada, apreciamos que se trata de una forma de enajenar bienes embargados en la que toma especial protagonismo la intermediación de un profesional ajeno al proceso, especializado y conocedor del mercado donde se comercializa el bien embargado 3, al efecto de obtener un resultado más eficaz en la realización 4. La puesta en funcionamiento de esta modalidad dependerá exclusivamente de la voluntad de las partes de la ejecución 5 a través de la presentación de una solicitud, al margen de cualquier iniciativa oficiosa del órgano judicial. No obstante, para que esta petición prospere, inevitablemente deberá pasar por el control judicial. En efecto, aunque la iniciativa sea de las partes, será el órgano judicial quien, en último término, dicte una resolución (bajo la forma de providencia) donde determine si autoriza la modalidad de realización solicitada. Por lo tanto, que la vía prevista en el artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Civilprospere como una alternativa a la subasta judicial, dependerá únicamente del órgano judicial 6.

Esta opción normativa ha tenido una buena acogida en la doctrina procesal española 7 pues no sólo pone de relieve la presencia de distintos intereses en juego (del ejecutante, del ejecutado y de terceros acreditados), ignorados en el sistema de la Ley de Enjuiciamiento Civil/1881, sino que a su vez aprecia factible la superación de los obstáculos (traducidos en pérdida de tiempo y dinero) suscitados a raíz de la anterior subasta judicial.

1.2. Funciones de la Persona o Entidad Especializada.

Tomando en consideración la redacción del artículo 641.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se advierte que la función esencial del especialista radica en dar cumplimiento al encargo que le ha sido encomendado y, que en esencia, consistirá en la responsable enajenación el bien embargado. Por este motivo no debe extrañarnos que el artículo 641.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exija al profesional designado que acepte el encargo la prestación de una caución, libremente determinada por el tribunal, salvo que se tratase de una entidad de naturaleza pública (pues se presume solvente para responder de su actuación). Como contrapartida, la realización de esta actividad traerá por causa que el especialista enajenante reciba una remuneración por su intervención que, a pesar de no constar especificada en la ley, se intuye de la letra del artículo 641.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 8. A mayor abundamiento, la norma procesal no se conforma con la mera intervención del especialista a instancia de parte, sino que además condiciona la práctica de la realización a la idoneidad del bien embargado o, en términos de la ley, a que “las características del bien embargado así lo aconsejen”. En este contexto, cabe todavía una última consideración, relativa al plazo para la realización. A este respecto, el artículo 641.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil estipula un término máximo para dar cumplimiento al encargo de seis meses, prorrogable únicamente en el caso que la persona o entidad especializada acredite no sólo que fue imposible realizar el encargo por causas no imputables a su persona, sino además que la pendiente realización podrá llevarse a efecto dentro de un nuevo especio de tiempo, en ningún caso superior a los seis meses siguientes. Si transcurrido este plazo no se alcanza la realización, no existirá más opción de prórroga y el encargo, sea por causas atribuibles o no al especialista, quedará insorteablemente revocado.

1.3. En el Ordenamiento Jurídico Inglés: el Receiver.

En el ordenamiento jurídico inglés existe una figura similar a la persona o entidad especializada española, la del receiver, si bien debemos formular algunas matizaciones. Así, la existencia de puntos en común entre ambas instituciones no debe precipitarnos equivocadamente a identificarlas como homólogas. Para hacer esta consideración cabrá estar al régimen jurídico del receiver inglés y analizar si efectivamente puede equipararse a la figura española. Este es el objetivo que pretende el presente estudio.

1.3.1. Concepto.

El appointment of a receiver (la designación de un receptor), es un equitable remedy (remedio o práctica de la equidad), una figura creada, en principio, para aliviar los efectos perniciosos de la ejecución, hasta tal punto que en su origen los tribunales propios del common law tienen vetada la posibilidad de nombrar receivers, dejando esta facultad únicamente a la jurisdicción de la Court of Chancery (Tribunal de Equidad). Sin embargo, y desde la Judicature Act de 1873, se permite también a la High Court (Tribunal Supremo) llevar a cabo el desarrollo de esta labor 9, si bien en consonancia con la equidad.

De este modo, una primera aproximación a la figura inglesa nos conduce a la deducción inicial que en sus orígenes, tal y como actualmente sucede en el supuesto español, el appointment of a receiver operaba exclusivamente en materia de ejecución judicial con una finalidad similar: reducir los efectos perjudiciales que de tal situación se pudieran inferir para las partes. Sin embargo, no podemos justificar que su planteamiento se efectuara como una alternativa a la subasta judicial, sino que se presentaba como un remedio de la equidad (paliativo del rigor de la ejecución). Si bien es cierto que la constitución primera de esta institución se incardina en un contexto judicial, cabe matizar que, a diferencia de lo que ocurre en el derecho español, su actual configuración no sólo tiene lugar en materia de ejecución ni está centrada de forma exclusiva en la esfera judicial, sino que además, el derecho inglés hace uso de esta institución para dar respuesta a multiplicidad de circunstancias que asimismo pueden precisar de la intervención de un receiver fuera del ámbito judicial 10. Este razonamiento nos permite afirmar que una de las diferencias claves entre ambos ordenamientos jurídicos reside en la designación del sujeto que deba realizar el encargo. En esta línea, apreciamos que, como hemos tenido oportunidad de comentar, en el caso español la referida facultad únicamente podrá ser desarrollada por el órgano judicial, previa petición de parte, cosa que no sucede en el supuesto inglés donde se prevé que en determinadas ocasiones la designación sea a discrecionalidad del tribunal, y en otros supuestos, a manos de una figura no judicial 11. En suma, existen en el ordenamiento jurídico ingles dos vías para designar receivers, la entrada en funcionamiento de las cuales dependerá del ámbito de actuación donde se pretenda que el propio receiver desarrolle su cometido.

1.3.2. Ámbito de Actuación.

Para el análisis de esta cuestión conviene de entrada establecer que a diferencia de lo que acontece en el derecho español (de exclusivo desarrollo en el terreno del procedimiento de apremio), la institución inglesa no cuenta con una única esfera de actuación para desplegar sus funciones. Ello nos indica que ciertamente estamos ante una figura polifacética capaz de intervenir en multiplicidad de situaciones, no necesariamente vinculadas entre sí, ni concernientes a un mismo ámbito. Ante esta realidad no podemos dejar de plantearnos la siguiente cuestión: ¿qué situaciones darán cobertura al ámbito de actuación del receiver inglés? según nuestro criterio 12, para este interrogante no existe una respuesta satisfactoria que determine específicamente todos y cada uno de los campos de actuación del receiver, haciéndose de este modo patente la inconcreción. A pesar de la dificultad que supone el establecimiento del ámbito de actuación del receiver en el derecho inglés, en el punto que nos ocupa trataremos de aproximarnos a algunos de los supuestos de más habitual intervención de este sujeto, haciendo especial hincapié en materia de company law (derecho de empresa) por la relevante función que desarrolla en este campo 13.

Para ello, en primer lugar es importante tomar en consideración la forma que se sigue para designar al sujeto, distinguiendo si ésta se ha llevado a término por la vía extrajudicial o bien a través de un tribunal. En el primero de los supuestos (designación privada) notamos que si bien el nombramiento del receiver tendrá fundamentalmente su razón de ser en materia de hipotecas y obligaciones mercantiles, ello no acontecerá con carácter exclusivo. En efecto, la designación sin presencia judicial tendrá cabida en otros supuestos tales como en la disolución de una compañía cuando los socios que la integran convengan designar un receiver para que asuma la realización de los activos; o bien ante la posibilidad de que un terrateniente (landowner) nombre un receiver de su finca para asegurar el pago de las rentas que él ha concedido a favor de terceros; etc.

Si el nombramiento tiene su origen en el órgano judicial, la intervención del receiver irá orientada en otra dirección. En este contexto adquiere especial trascendencia la actuación del designado en el ámbito del company law, al que dedicamos el epígrafe que sigue. No obstante, con carácter general se hace preciso matizar que su actuación en absoluto queda reducida al terreno empresarial, sino que asimismo se extiende a otros sectores tales como el hipotecario (mortgages) –aunque no podemos perder de vista que en la mayoría de los casos en los que se otorgue escritura (deed), la designación constará inserida en el mismo documento, sin que sea precisa intervención judicial–14; el relativo a la preservación de bienes 15; en aquellos supuestos en los que el propietario de una construcción no se haga cargo de las reparaciones o de los servicios que haya pactado con los arrendatarios 16; o bien, cuando el tribunal destituya executors o trustees 17.

1.3.2.1. Especial Mención a la Esfera del Company Law.

En el ámbito del company law, es preciso reconocer que a pesar de la relevancia que supone la designación judicial del receiver, no siempre se efectuará por esta vía, sino que únicamente en aquellas situaciones en las que el órgano judicial, a su entera discrecionalidad, lo considere oportuno 18. Se evidencia, de esta suerte, la posible designación extrajudicial, condicionada a la voluntad no interventora del tribunal.

Hecha la precedente puntualización, en primer lugar observamos que para que el receiver actúe en el ámbito del company law no será requisito imprescindible que la empresa haya entrado en estado de insolvencia. Así, la designación se podrá realizar bien cuando la propia compañía vea en peligro su seguridad; en el caso que la misma tenga la voluntad de distribuir parte de los activos entre sus accionistas; o, por último, cuando se llegue a una situación tal que, a pesar de la voluntad de evitarla, no reste otra solución que la vía de la liquidación, avalada por orden o resolución judicial.

Este planteamiento pone de manifiesto que, en definitiva, la intervención del receiver viene determinada por la voluntad de evitar la insolvencia de la empresa (prevención); o bien, una vez alcanzada la misma, a la gestión de dicha situación de insolvencia con la finalidad de eludir la liquidación (aunque no siempre se conseguirá). En este punto se hace preciso matizar que la regulación que el derecho español dedica al procedimiento de insolvencia no viene precisamente contemplada en el texto legal que regula la institución de la persona o entidad especializada (Ley de Enjuiciamiento Civil), sino que se incorpora en una norma distinta, la Ley Concursal (lC) 19, que no prevé la figura del estudio que ahora nos ocupa. De este modo nos percatamos de que la institución inglesa, en el marco del company law, comparte elementos propios de la lC –en tanto que se despliega en aras de la insolvencia–, y también de la Ley de Enjuiciamiento Civil –en tanto que prevé la actuación de una figura para la obtención de mejores resultados que los que pudieran alcanzarse sin su intervención–.

En segundo término, es preciso abordar el papel del receiver en el ámbito empresarial. Al respecto notamos la concesión de amplios poderes de gestión no catalogados junto con los que con carácter general ostenta la mera figura del receiver (receptor). Ello nos incita a considerar que más que a receivers nos tendríamos que referir a administrative receivers 20. Este nuevo personaje, al que además de la recepción se le atribuyen poderes de contratación y de investigación, actuará en calidad de agente de la empresa con el fin de que las obligaciones que la misma tenga aseguradas mediante una carga, sigan siendo atendidas, en cualquier caso, con carácter previo a la liquidación. Ahora bien, la actuación del administrative receiver no debe llevarnos a considerar que necesariamente la empresa que precisa de su intervención se encuentra en un estado de insolvencia.

Todavía, más allá de los poderes conferidos al administrative receiver, nos hacemos eco de la existencia de una tercera figura, el administrator. Siguiendo a Dine 21, a este respecto cabe destacar la relevancia que supone localizar los posibles problemas que afectan el normal desarrollo de una empresa al objeto de evitar que éstos puedan significar su liquidación. Empero, en ciertas ocasiones las compañías devienen incapaces para hacer frente al pago de todas sus deudas, entrando, de este modo, en un estado de insolvencia o crisis que las podría conducir a la tan temida liquidación. Pues bien, será en este momento cuando cobre sentido el nombramiento de un administrator, que no administrative receiver, ostentando un total control del proceso de la empresa que no puede asumir sus deudas (tendrá la función de insolvency practitioner, esto es, quien practica la insolvencia). Finalmente, en cuanto a su designación advertimos que en esta ocasión únicamente dependerá de la voluntad del tribunal 22, quien sólo la realizará cuando aprecie la concurrencia, como mínimo, de alguno de los cuatro supuestos previstos en la referida Insolvency Act 1986, el último de los cuales es el más utilizado en la práctica. Nos estamos refiriendo al hecho de que el tribunal entienda que mediante esta vía se logrará una realización más favorable de los activos de la compañía que la que se pudiera lograr en caso de acudir a la liquidación 23. De esta forma se hace patente la voluntad del company law de preservar al máximo los activos de la empresa, evitando así la alternativa última de la liquidación.

1.3.2.2. Funciones.

La principal función del receiver consiste en recibir, conservar y dar a los ingresos recibidos el destino acordado, si bien en cualquier caso sujeto al contenido de la operación por la cual ha sido designado, sin extralimitarse en las facultades que le han sido conferidas. No debemos confundir, y así se ha encargado de ponerlo de relieve parte de la doctrina analizada 24, las indicadas funciones del receiver con las que el derecho inglés otorga a la figura del manager (administrador, gestor). Y ello porque el receiver en sí mismo considerado no cuenta con la suficiente capacidad para llevar a término funciones de negociación. Es por este motivo que en el momento en que sea precisa la negociación de alguno de los bienes entregados al receiver, éste no podrá materializarla, siendo necesario el nombramiento de un manager dotado de potestad suficiente para continuar con la actividad que tiene vetada el receptor 25. En este orden de ideas, y en términos de Mcghee, es posible sintetizar que “la obligación del receiver se centrará en recibir y la del manager en administrar, gestionar” 26.

No obstante, el hecho de tratar estas dos figuras de forma separada no debe llevarnos a la errónea conclusión de que nos encontramos ante funciones incompatibles a desarrollar por sujetos distintos. Así, advertimos factible y muy probable que en la misma persona concurran, a la vez, los atributos del receiver y los del manager 27, significando ello que sea el propio receptor de los bienes quien, con posterioridad (si cuenta con el pertinente apoderamiento), pueda llevar a término negocios o actividades comerciales –que asimismo impliquen tareas administrativas y de gestión– que le permitan actuar más allá de las funciones de conservación de todo receiver. A mayor abundamiento, si dicho manager fuese designado por el juez para vender la cosa, ello completaría sus funciones, que lo acercarían a un fiduciario (sin serlo propiamente) y que lo convertirían en un gestor y disponente eficiente que, en el marco de lo que le han encargado, podría no sólo gestionar la cosa (como hace el sujeto español), sino que además podría mejorarla, pudiéndola enajenar en mejores condiciones de las que la recibió, cosa que resultaría más útil para el acreedor y el deudor. Esta opción que ofrece el derecho inglés se advierte mucho más eficiente y provechosa que la que contempla el derecho español, pues proporciona más posibilidades de vender la cosa en mejores condiciones y en beneficio de todos los afectados (por ejemplo, si el receiver manager 28 recibe la administración y gestión de una casa vieja, éste la puede reformar y mejorar –cosa que no se prevé para la realización por persona o entidad especializada, que únicamente debe ceñirse a la enajenación, sea mediante venta directa, sea a través de subasta privada, del bien– para acabar enajenándola por un precio más elevado capaz de satisfacer la total deuda –gastos inclusive– generada por el deudor, con un posible remanente para el resto de acreedores posteriores y el propio deudor).

Por último, cabe estar a las cuestiones relativas a la remuneración económica. A este respecto, del mismo modo que la persona o entidad especializada española, la figura inglesa percibe una remuneración por los servicios prestados. Con todo, en este punto se hace de nuevo necesario distinguir entre si la designación ha sido efectuada vía judicial o bien extrajudicialmente. En el primero de los casos, y con carácter general, advertimos que mientras que la cantidad a percibir vendrá fijada a discrecionalidad del órgano judicial, en el segundo supuesto se procederá a retener un tanto por ciento de la cuantía que, en defecto de acuerdo previo, resultará ser del cinco por ciento 29.

II. EL PAPEL DE LA DESIGNACIÓN JUDICIAL EN LA DETERMINACIÓN DEL SUJETO.    

2.1. En el Derecho Español.

El artículo 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil atribuye exclusivamente a las partes intervinientes en el procedimiento de apremio, esto es, al ejecutante o al ejecutado con el beneplácito de ejecutante, la facultad de solicitar la realización mediante persona o entidad especializada para que practique la realización de los bienes embargados del ejecutado. Esta solicitud deberá incorporar tanto la designación del especialista que se pretende efectúe la realización, las condiciones rectoras del encargo, y, sólo cuando afectase a bienes no inmuebles, el acuerdo (si lo hubiere) relativo a las condiciones 30. Todo ello al objeto de que para el caso de contar con la pertinente autorización judicial, y sólo en el supuesto general de los bienes no inmuebles (artículo 641.3, i de la Ley de Enjuiciamiento Civil), el órgano judicial lo tome en consideración en la providencia que emita.

Respecto a la designación de la persona o entidad especializada, es necesario efectuar una inicial distinción de los bienes en función de su naturaleza. De este modo, la facultad de designar a la persona o entidad especializada recae únicamente en las partes de la ejecución 31. Así, la resolución judicial que acabe aprobando la modalidad de realización solicitada deberá respetar la designación contenida en la petición de las partes. Sin embargo, y en virtud de lo preceptuado en el párrafo siguiente del artículo citado, la precedente conclusión no es extrapolable al supuesto especial de los bienes inmuebles, pues en esta ocasión la designación no estará condicionada a la solicitud de las partes, sino que en último término se hará depender de la discrecionalidad del tribunal 32. En último término, conviene descartar la posibilidad de utilizar la vía extrajudicial para designar el especialista que deba cumplir el encargo, puesto que el ordenamiento jurídico español tan sólo prevé esta opción en el procedimiento de apremio, el desarrollo del cual se materializa en el marco del proceso de ejecución. Sin embargo, el régimen varía en la designación del receiver en el common law, como seguidamente pasamos a analizar.

2.2. En el Derecho Inglés.

En el Reino Unido, y a diferencia de lo que sucede en España, la designación del receiver podrá acontecer tanto a través de un juez como de manera extrajudicial, la cual cosa no debe significar la posibilidad de optar aleatoriamente por cualquiera de estas dos posibilidades, sino que, en función del caso concreto, la designación estará en manos del órgano judicial o bien de un sujeto ajeno al ámbito judicial.

2.2.1. La Designación Judicial.

En cuanto a la designación judicial 33, advertimos que será el tribunal quien, de oficio (sin previa solicitud de parte), y discrecionalmente pueda designar receivers al objeto de lograr los siguientes propósitos: por un lado, la preservación de la propiedad hasta que el derecho de quienes estén interesados en dicha propiedad sea determinado; y, por otra parte –ya no en aquellos supuestos en los que se desconoce la titularidad de la propiedad– en la ejecución de sentencias cuando en vía judicial uno de los litigantes obtenga una sentencia firme que precise de satisfacción. Ahondando en el segundo de los supuestos destacados, cabe añadir que la ejecución de las sentencias tendrá que efectuarse mediante la vía ejecutiva ordinaria, y sólo para el caso que se presenten dificultades, y siempre y cuando así lo considere el órgano judicial, se procederá a designar un receiver como forma de ejecución (por lo tanto, ya no con carácter preventivo como en el primero de los supuestos). De esta suerte, y con base a lo que refiere la Supreme Court Act 1981 en su punto 37(4), opinamos que en este caso la designación del receiver operará con la finalidad última de lograr una ejecución más justa o, en términos de la norma, como una forma de ejecución equitativa (way of equitable execution). Siguiendo este razonamiento, llegamos a la conclusión de que en esta ocasión, el tribunal considerará no apropiada la aplicación del common law, siendo de este modo necesaria la adopción de reglas especiales de equidad 34 que, a nuestro parecer, en el presente caso pasarán por el nombramiento de un receiver que permitirá una ejecución más flexible y justa y, en definitiva, la obtención de mejores resultados.

Sea como fuere –con carácter preventivo o ejecutivo–, debemos hablar de la total discrecionalidad del juez para decidir sobre la designación. En este punto, y en conexión con el derecho español, se advierte que será el órgano judicial quien, en última instancia, acabe nombrando el receiver, si bien no se aprecia la sujeción de la decisión judicial al cumplimiento de unos presupuestos legalmente establecidos 35.

2.2.2. La Designación Extrajudicial.

En otro orden de ideas, cabe destacar la posibilidad de que en determinadas ocasiones el receiver sea designado por una persona actuando bajo el poder de algún estatuto o a la que se le haya conferido un poder contractual para realizar dicha designación, evidenciando, de este modo, la ausencia de actuación judicial. No obstante, cabe advertir que para que el nombramiento adquiera validez, no bastará con que éste sea realizado por un sujeto con suficiente autoridad, sino que además será insorteable contar con la aceptación del propio receiver.

III. CUADRO SINÓPTICO ENTRE LA PERSONA O ENTIDAD ESPECIALIZADA Y EL RECEIVER/MANAGER INGLÉS.

A continuación, y a título de resumen y conclusión, desarrollamos el siguiente cuadro comparativo entre la persona o entidad especializada española y el denominado receiver/manager inglés.

IV. CONCLUSIONES.

PRIMERA. Es difícil efectuar un análisis comparativo entre las figuras de la persona o entidad especializada española y el receiver inglés, por tratarse de dos instituciones que, a pesar de tener similitudes en su funcionamiento, cuentan asimismo con diferencias que impiden concluir que estamos ante instituciones homólogas.

SEGUNDA. En concreto, las disparidades se hacen notar en el ámbito de actuación. De este modo, mientras que en el ordenamiento jurídico español permanece perfectamente determinada la operatividad de la figura en la fase de apremio del proceso de ejecución, el derecho inglés no dispone un único ámbito de actuación –a pesar de su relevancia en materia de company law–, ni se detiene a delimitarlo.

TERCERA. En cuanto a la atribución de funciones, se observa que ambas figuras están concebidas con el ánimo de satisfacer un determinado encargo. Sin embargo, en este punto también existen diferencias. En este sentido, llama la atención que mientras que el derecho español se limita a prever la figura de la persona o entidad especializada exclusivamente para dar cumplimiento a un encargo (enajenar un bien embargado) en el plazo legal marcado, el derecho inglés establece, junto con el receiver, otro sujeto, el manager (no incompatible con las funciones del receptor), al que faculta para que, además de cumplir el encargo en los términos establecidos, lleve a término funciones de mayor alcance, en principio no limitadas temporalmente, y que no estarán al alcance del receiver en sí mismo considerado. Tal y como hemos indicado en el desarrollo de este estudio, la creación del receiver-manager permitirá apreciar una posible relación fiduciaria. Por lo tanto, receiver y manager con facultades dispositivas son una combinación excelente que beneficia todos los implicados en la relación obligacional, pues ofrece la posibilidad de gestionar, administrar, disponer y enajenar la cosa en condiciones óptimas para la obtención del máximo beneficio económico posible, cosa que no viene contemplada en el derecho español por el limitado ámbito de actuación del especialista y las condicionantes legales en las que debe actuar (plazos, etc.).

CUARTA. No obstante, pese al mayor rendimiento de tales figuras, en el ordenamiento jurídico inglés se aprecia una mayor desregularización de ambas instituciones, lo que merma la seguridad jurídica en su actuación práctica.

QUINTA. Si bien el ordenamiento jurídico español regula únicamente la designación del sujeto a través del órgano judicial y previa solicitud de parte, la previsión del derecho inglés queda en este punto de nuevo alejada. De este modo, en función del caso concreto, el receiver podrá ser designado tanto por las partes como por iniciativa del propio juez.

SEXTA. En definitiva, la confianza en la realización de los bienes embargados por persona o entidad especializada se ve comprometida en el ordenamiento jurídico español por el rigor del artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (junto con la presencia de numerosas lagunas normativas) que reduce el margen de maniobra de esta institución respecto de las figuras del receiver y el manager inglés. Cabrá pues que el legislador español se plantee una regulación más amplia de la realización mediante especialista que, sin poner en peligro la seguridad jurídica, permita la obtención de un mayor rendimiento. Para ello, pese a las diferencias examinadas, consideramos factible tomar como referencia el modelo inglés analizado (especialmente desde la perspectiva del manager). De este modo, y siempre en el marco del procedimiento de apremio, el sujeto designado debería tener un margen de actuación más amplio, que le permitirá sobrepasar la mera esfera de la enajenación para entrar en el terreno de la negociación y posible mejora de los bienes embargados, al objeto de obtener una mayor rentabilidad, lo que redundaría en beneficio tanto del acreedor ejecutante como del deudor ejecutado, así como a posibles terceros interesados en la ejecución.

I. En el ordenamiento jurídico español. La realización por persona o entidad especializada.

II. El papel de la designación judicial en la determinación del sujeto.

III. Cuadro sinóptico entre la persona o entidad especializada y el receiver/manager inglés.

IV. Conclusiones.