Arturo González de Aragón, Auditor Superior de la Federación externo la necesidad de que las entidades públicas tengan los medios financieros suficientes para el cumplimiento de sus funciones y rendir cuentas a la sociedad sobre los recursos públicos que manejan y ser sujetos de fiscalización.
En su discurso inaugural, de igual manera, recordó que desde la descentralización de facultades y recursos por parte del Ejecutivo Federal para rubros como educación, salud, infraestructura y seguridad pública, tres han sido los factores principales que han obstaculizado, que dicho proceso se realice con la eficacia y eficiencia esperada: Un marco jurídico ambiguo, una responsabilidad política limitada y una cultura administrativa insuficiente.
Señaló que en la historia del federalismo mexicano, ha estado siempre presente el espíritu del artículo 115 constitucional, que otorga libertad política al ayuntamiento y aspira a la suficiencia económica para atender las demandas de la población.
Informó que desde el año 2006, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) incrementó sustancialmente el número de revisiones a los Fondos de los Ramos 33 y 39, debido a los recursos de apoyo que fueron aprobados por la Cámara de Diputados, para el Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS).
Agregó que las Reglas de Operación de los recursos del PROFIS fueron publicadas por la ASF el 27 de febrero pasado en el diario Oficial de la Federación, en las cuales se establecen objetivos y acciones que permitirán una mayor calidad de las revisiones que se practiquen y de los informes que se emitan.
En la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2005, cuyo informe de resultados fue rendido por la Auditoría Superior Federal, el 29 de marzo último, se incluyeron 285 auditorías de regularidad y cumplimiento financiero, a estados, municipios y delegaciones del Distrito Federal, derivándose de ellas 2 mil 328 observaciones con un efecto económico de dos mil 813 millones.
En consecuencia a una serie de observaciones, obligan a la reflexión sobre la falta de sistemas de contabilidad patrimonial para el registro de las operaciones, y la ausencia de reglas adecuadas para el ejercicio de los Fondos, a través de los cuales, se transfieren recursos federales de los Ramos 33 y 839.
El funcionario federal indicó que es impostergable actualizar los sistemas de registro, control y supervisión correspondientes, así como las disposiciones reglamentarias que regula la aplicación de dichos fondos, con el propósito de inhibir la reincidencia de las anomalías, los desvíos constantes de recursos y la pérdida de los activos patrimoniales.
De igual manera, recordó que desde la descentralización de facultades y recursos por parte del Ejecutivo Federal para rubros como educación, salud, infraestructura y seguridad pública, tres han sido los factores principales que han obstaculizado, que dicho proceso se realice con la eficacia y eficiencia esperada: Un marco jurídico ambiguo, una responsabilidad política limitada y una cultura administrativa insuficiente.
También las autoridades del Poder Legislativo, representado por el diputado Mauricio Montoya Manzo, presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán de la LXX Legislatura local y José Manuel Vázquez Ávila del Estado, fueron testigos de la entrega de la Presea “Benito Juárez” otorgada a integrantes distinguidos de la ASOFIS.
González de Aragón refirió que en algunos municipios de la República no se han consolidado los sistemas de control y se discute el ser y deber ser de la transparencia y la rendición de cuentas, respecto a lo cual existen ya iniciativas de reformas constitucionales presentadas en la H. Cámara de Diputados para obligar a todos los niveles de gobierno a registrar, con base en una contabilidad patrimonial, las operaciones que realicen con cargo a los recursos federales que reciban.
Bajo estas condiciones, puntualizó será posible la integración uniforme de las operaciones a la cuenta pública; facilitar un análisis comparativo de los recursos públicos aplicados y su alineación para efectos de estadísticas presupuestales y financiera; y hará viable los procesos de preservación del patrimonio público y de fiscalización superior. |