En la ciudad de Manzanillo, Colima, a los veintiún días del mes de agosto del año dos mil tres, reunidos en el Gran Salón Kármina del Hotel Kármina Palace, estando presentes el licenciado Rafael Macedo de la Concha, Procurador General de la República y Presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el licenciado Raúl Bolaños Cacho Guzmán, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Roberto Macías Macías, Procurador General de Justicia del Estado de Aguascalientes, el licenciado Antonio W. Martínez Luna, Procurador General de Justicia del Estado de Baja California, el licenciado Genaro Canett Yee, Procurador General de Justicia del Estado de Baja California Sur, la licenciada Ana Patricia Lara Guerrero, Procuradora General de Justicia del Estado de Campeche, el licenciado Oscar Calderón Sánchez, Procurador General de Justicia del Estado de Coahuila, el doctor Jesús Antonio Sam López, Procurador General de Justicia del Estado de Colima, el licenciado Roberto Bodegas Perezlamar, Subprocurador General de Justicia, en representación del licenciado Mariano Herrán Salvatti, Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas, el licenciado Jesús José Solís Silva, Procurador General de Justicia del Estado de Chihuahua, el maestro Rosendo Gómez Piedra, Subprocurador de Procesos en representación del maestro Bernardo Bátiz Vázquez, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, el licenciado Luis Celis Porras, Procurador General de Justicia del estado de Durango, el licenciado Miguel Valadéz Reyes, Procurador General de Justicia del Estado de Guanajuato, el licenciado Jesús Ramírez Guerrero, Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, el licenciado Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo, el licenciado Gerardo Octavio Solís Gómez, Procurador General de Justicia del Estado de Jalisco, el licenciado Alfonso Navarrete Prida, Procurador General de Justicia del Estado de México, la licenciada María Lucila Arteaga Garibay, Procuradora General de Justicia del Estado de Michoacán, el licenciado Oscar Díaz Gómez, Subprocurador General de Justicia Zona Oriente, en representación del licenciado Guillermo Adolfo Tenorio Ávila, Procurador General de Justicia del Estado de Morelos, el licenciado Jorge Armando Bañuelos Ahumada, Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit, la licenciada Alida E. Bonifaz Sánchez, Procuradora General de Justicia del Estado de Nuevo León, el licenciado Sergio H. Santibáñez Franco, Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca, el maestro Héctor Maldonado Villagómes, Procurador General de Justicia del Estado de Puebla, el licenciado Juan Martín Granados Torres, Procurador General de Justicia del Estado de Querétaro, la licenciada Celia Pérez Gordillo, Procuradora General de Justicia del Estado de Quintana Roo, el licenciado Manuel González Carrillo, Procurador General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, el licenciado Oscar Fidel González Mendivil, Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa, el licenciado Miguel Ángel Cortés Ibarra, Procurador General de Justicia del Estado de Sonora, el licenciado Ángel Mario Balcázar Martínez, Procurador General de Justicia del Estado de Tabasco, el licenciado Francisco Tomás Cayuela Villarreal, Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, el licenciado Eduardo Medel Quiroz, Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, el licenciado Guillermo Humberto Beck Chiquini, Subprocurador General de Justicia de la Zona Centro Jalapa, en representación del licenciado Pericles Namorado Urrutia, Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz, el abogado Miguel Ángel Díaz Herrera, Procurador General de Justicia del Estado de Yucatán, el licenciado Aquiles González Navarro, Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas, el General de brigada y licenciado Jesús Gabriel López Benítez, Subprocurador General de Justicia Militar, en representación del General de brigada y licenciado Jaime Antonio López Portillo Robles Gil, Procurador General de Justicia Militar, la licenciada María Teresa Martínez Mercado, Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Aguascalientes, el licenciado José Palomino Castrejón, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, la licenciada Guadalupe de Jesús Elizondo Herrera, Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, el licenciado Ramiro Flores Arispe, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, el licenciado Felipe Chávez Carrillo, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, el licenciado Milton Escobar Castillejos, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas, el licenciado Pablo Zapata Zubiaga, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, el Magistrado Víctor Rolando Díaz Ortiz, en representación del licenciado Juan Luis González Alcántara Carrancá, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el Magistrado Ricardo Ávila Herrería, en representación del licenciado José Hugo Martínez Ortiz, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, el licenciado Héctor Manuel Ramírez Sánchez, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, el licenciado Raúl Calvo Sánchez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, el licenciado Julio Menchaca Salazar, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, el licenciado José María Magallanes Valenzuela, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, el licenciado Abel Villicaña Estrada, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el licenciado Mauro Hernández Pacheco, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, el licenciado Juan Manuel Jiménez Alegre, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el licenciado José Ramón González Pineda, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, el licenciado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, el licenciado Guillermo Pacheco Pulido, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, el licenciado Arturo González de Cosío Frías, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, la licenciada Lizbeth Loy Song Encalada, Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, el licenciado Otto Sosapavón Yáñez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de San Luis Potosí, el licenciado Jorge Romero Zazueta, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, el licenciado Gonzalo Yescas Ferrat, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sonora, el licenciado Marcial Bautista Gómez, Juez Segundo de lo Penal en representación del licenciado Guillermo Narváez Osorio, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, el licenciado Rafael González Benavides, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, la licenciada Sandra Juárez Domínguez, Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, el licenciado Miguel Gastón Manzanilla Pavón, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, el abogado Ángel Francisco Prieto Méndez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, el licenciado Felipe Borrego Estrada, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y la licenciada Claudia Cristina Cameras Selvas, Directora General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República y Secretaria Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y como invitados el licenciado Raziel Villegas Núñez, Director de Asuntos Contenciosos en representación del licenciado José Ignacio Campillo García, Procurador Federal de Protección al Ambiente y el diputado licenciado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, Presidente de la Conferencia Mexicana de Congresos y Legisladores Estatales, llevamos a cabo los trabajos del IV Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales de Justicia del país, emitiendo las siguientes declaraciones y acuerdos:

----------------------------------------- DECLARACIONES:------------------------------------------

PRIMERA.- De conformidad con el artículo 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los procuradores y presidentes de Tribunales Superiores de Justicia del país, coincidimos en manifestar que la procuración e impartición de justicia son una demanda social prioritaria a la que debemos responder con compromisos firmes y acciones concretas, en beneficio de la sociedad.

SEGUNDA.- Los trabajos del presente encuentro, emanan de los acuerdos del Tercer Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales de Justicia del país, celebrado los días 22 y 23 de agosto del año dos mil dos, en la ciudad de Ixtapan de la Sal, Estado de México, de los cuales se derivó el orden del día que a continuación se detalla:

1. Ceremonia de Inauguración.
2. Bienvenida.
3. Seguimiento de acuerdos del Tercer Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales de Justicia del país.
4. El Procedimiento Oral en la Administración y Procuración de Justicia.
5. La Reparación del Daño, Justicia a la Víctima.
6. Capacitación y Actualización Ministerial y Judicial.
7. Los Tribunales y las Procuradurías ante los Tratados Internacionales.
8. Desarrollo de la Informática en la Administración y Procuración de Justicia.
9. Reestructuración de la Procuraduría General de la República.
10. Valor de la Legalidad.
11. Asuntos Generales.
12. Lectura y firma de Acuerdos.

TERCERA.- Reafirmamos el compromiso de llevar a cabo todas aquellas acciones que deriven de los acuerdos de esta reunión, mismos que coadyuvan a recuperar la confianza de la sociedad en las instancias de procuración e impartición de justicia, en el marco de sus respectivas competencias.

CUARTA.- Los asistentes a la presente reunión de trabajo hacemos un agradecimiento especial al doctor Jesús Antonio Sam López, Procurador General de Justicia y al licenciado Felipe Chávez Carrillo, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, ambos del Estado de Colima, por su amable invitación para la realización de este evento, así como por las atenciones y esmero para llevar a buen término los trabajos realizados durante el presente encuentro.

--------------------------DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA-------------------------------

1. La bienvenida estuvo a cargo del licenciado Felipe Chávez Carrillo, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Colima, quien deseó feliz estancia a los asistentes y expresó sus mejores deseos porque en estas jornadas de trabajo se alcancen logros que satisfagan al mexicano en la administración y procuración de justicia, en el marco de los acuerdos que se han tomado en encuentros anteriores, que en esta ocasión serán revisados para dar paso a nuevas propuestas sobre la problemática de quienes son responsables de la justicia penal en México.

Acto seguido, el doctor Jesús Antonio Sam López, Procurador General de Justicia del Estado de Colima, se sumó a las consideraciones formuladas por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Colima, también precisó su dependencia directa del ejecutivo local a quien le refrendo su calidad de subordinado y además se dirigió a los funcionarios participantes dándoles la bienvenida y solicitando que en los trabajos entre los procuradores generales de justicia y los presidentes de tribunales superiores de justicia del país, se obtengan magníficos resultados a favor del pueblo de México, agradeciéndoles su colaboración.

El licenciado Raúl Bolaños Cacho Guzmán, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, comentó que la agenda de trabajo que deriva de los encuentros de Oaxaca de Juárez, Guanajuato, Ixtapan de la Sal y ahora Colima, es amplia, más sin embargo ha venido siendo cumplida; además dijo que la participación de los procuradores generales de justicia y los presidentes de tribunales ha permitido encontrar vías para una comunicación abierta que hace posible compartir ideas, esfuerzos y acciones con resultados que hoy benefician a todos los mexicanos en cada una de las entidades. Resaltó la importancia de la colaboración y coordinación para el eficiente desempeño de la procuración y administración de justicia en México.

Reconoció el interés y dedicación del Presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, licenciado Rafael Macedo de la Concha, Procurador General de la República. Dejó en claro, que la participación de Procuradores y Presidentes de Tribunales ha permitido encontrar vías alternas, para una comunicación abierta que hace posible compartir ideas esfuerzos y acciones. Por otra parte, agradeció la participación y colaboración de los asistentes.

En desahogo al orden del día, el licenciado Rafael Macedo de la Concha, Procurador General de la República y Presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, agradeció la hospitalidad y las facilidades brindadas por el gobierno del Estado de Colima y destacó, que las acciones tomadas en este Encuentro se llevarán a cabo mediante los esfuerzos conjuntos de los procuradores generales de justicia y los presidentes de tribunales superiores de justicia del país, a fin de obtener logros en la materia, estableció claramente que lo que motivo esta reunión es la convicción plena de que el estado de derecho es el sustento de una sociedad democrática, y la aspiración de todo pueblo moderno, señaló, que el evento reviste singular importancia, no sólo por que están presentes las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia en el país, sino también por la presencia del Presidente de la Conferencia Mexicana de Congresos y Legisladores Estatales.

Enfatizó que durante tres años, las comisiones respectivas, han trabajado en anteproyectos de reformas legislativas, para privilegiar la justicia alternativa, para reformar el sistema de enjuiciamiento penal, para atender grupos vulnerables y garantizar la atención a víctimas. Así mismo dijo que este encuentro demuestra que las instituciones públicas de México están unidas y tienen un solo objeto, la justicia.
Preciso que federalismo no es división, sino oportunidad para procurar y administrar justicia, atendiendo a las características de cada región.

También dijo que el México democrático requiere la actualización de su sistema penal, para responder a las nuevas realidades del país.

Finalmente, señaló que el evento es un encuentro nacional de ideas, responsabilidades, compromisos y decisiones, para regresar a los mexicanos la justicia que se merecen y la seguridad que exigen.
La inauguración formal de los trabajos del presente Encuentro, estuvieron a cargo del licenciado Fernando Moreno Peña, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, quien después de dar la bienvenida a los participantes, expresó que la efectiva coordinación institucional entre el Ministerio Público y el Poder Judicial es condición indispensable para la consecución de uno de los valores fundamentales que sustenta la convivencia armónica: la justicia. En ese mismo sentido, señaló que el uso adecuado de las tecnologías de la información permiten notables avances en la consecución del gobierno electrónico y que la atención de las necesidades de éste, del individuo y la protección se sus bienes y derechos condicionan el desarrollo de toda sociedad.

2. Una vez declarada la conformación de quórum por el licenciado Rafael Macedo de la Concha, Procurador General de la República y Presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, cedió la palabra al doctor Eduardo Gómez García, Coordinador de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional de la Procuraduría General de la República, quien expuso el puntual seguimiento que se ha dado por parte de las procuradurías generales de justicia y de los tribunales superiores de justicia a los acuerdos del pasado Encuentro, destacando casos concretos de cumplimiento a los mismos.
Haciendo uso de la palabra, el maestro Héctor Maldonado Villagómes, Procurador General de Justicia del Estado de Puebla, hizo del conocimiento de los participantes los trabajos que ha realizado la procuraduría general de justicia en materia de mediación penal mediante el Instituto de Estudios Judiciales y el Centro Estatal de Mediación, con el Instituto de Capacitación de esa institución, resaltando que esa actividad cumple con una de las recomendaciones de las comisiones conjuntas de presidentes de tribunales superiores de justicia y procuradores generales de justicia del país. (Anexo 1)

En ese sentido, el Presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, giró instrucciones a la Secretaría Técnica para que las propuestas formuladas en la mesa de trabajo se consideren para el cumplimiento de acuerdos.

Por su parte el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, apuntó que para dar cabal cumplimiento a los acuerdos adquiridos en materia de Medios Alternativos de Solución de Conflictos y Acceso efectivo de la Población Indígena a las Instituciones de Procuración y Administración de justicia, se han implementado entre otras, acciones para la comunicación de edictos a través de la radio en comunidades indígenas distantes.

3. El licenciado Héctor Manuel Ramírez Sánchez, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, disertó sobre el Procedimiento Oral en la Administración y Procuración de Justicia, señalando como primer punto, que la oralidad debe ser considerada como un principio constitucional partiendo del examen que pueda hacerse de los propios cuerpos constitucionales.

Destacó como sustento de la oralidad el derecho de audiencia, como garantía fundamental, que permite al acusado y su defensor ser oídos y vencidos en juicio, lo que conlleva necesariamente a la facultad de que esa manera de comunicación sea de forma oral, en virtud de que ésta es inmediata y permite al juez constatar directamente los hechos.

En este mismo orden de ideas, explicó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, previene que el proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

Por otro lado, dijo ser necesario hacer referencia a los resultados que se han obtenido con la adopción de la oralidad y que representan, en la generalidad de los casos, una notoria eficacia fincada en el tiempo ganado y el reducido costo de su aplicación.

En cuanto al costo de su aplicación, citó varios estudios, destacando que dicho costo se encuentra estrechamente ligado con la duración del proceso y aunado al más grave aún, de los presos sin condena.
En otro punto, comentó a los participantes que la adopción de un nuevo sistema no es una labor fácil, sin embargo propuso el reto de adoptar la oralidad en los sistemas de administración y procuración de justicia.

Finalmente, exhortó a los miembros de la mesa a comprometerse en el establecimiento de mecanismos necesarios e inmediatos para la instauración del procedimiento oral en la administración y procuración de justicia en México.

4. En uso de la palabra, el licenciado Oscar Fidel González Mendívil, Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa, felicitó y expresó su adhesión a lo expuesto por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, señalando que si bien la instauración de la oralidad no resuelve todos los problemas que enfrenta la procuración y administración de justicia, significa un paso decidido para hacer de nuestro sistema de enjuiciamiento un procedimiento cada vez más acusatorio.
En ese mismo sentido, enfatizó que la incorporación de dicho procedimiento no significa renunciar por completo a las constancias escritas, sino dar relevancia a las actuaciones practicadas de viva voz por los participantes procesales, en donde el inculpado se presume inocente de la acusación que se efectúa en su contra.

Respecto a dicho procedimiento, resaltó que existen características que acotan la oralidad de los procesos, implicando contradicción, concentración e inmediatividad.

La idea central que propuso el licenciado Oscar Fidel González Mendívil, Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa, es que el Juez será el encargado de dirigir el debate, ordenar el desahogo de pruebas, exigir el cumplimiento de las solemnidades correspondientes, moderar la discusión y resolver los incidentes y demás solicitudes de las partes.

Afirmó que no sólo la Constitución y la dogmática penal fundamentan al proceso oral, también la historia de la legislación mexicana y latinoamericana aportan elementos para considerarlo una institución cercana a nuestro sistema jurídico.

Por último, sugirió a los participantes adoptar el compromiso de establecer el procedimiento oral en nuestra administración y procuración de justicia.

Sobre las consideraciones ya propuestas por el Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa, el licenciado Rafael Macedo de la Concha, Procurador General de la República, comentó a los asistentes que se ha elaborado un anteproyecto de Código Federal de Procedimientos Penales, que en lo medular propone desformalizar el proceso penal otorgándole un verdadero carácter oral, el cual será presentado en breve ante el Congreso de la Unión para su debida aprobación.

En ese sentido, el licenciado Raúl Bolaños Cacho Guzmán, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, planteó la posibilidad de convocar a una reunión extraordinaria, a efecto de analizar la viabilidad del anteproyecto en cita.

5. Continuando con el tema de la Reparación del Daño, Justicia a la Víctima, la licenciada Lizbeth Loy Song Encalada, Magistrada Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Quintana Roo, desarrolló los puntos referentes a daños y perjuicios, partiendo del análisis de figuras procesales vinculadas a la problemática tales como: la ejecución de sentencias, pruebas periciales, libertad provisional, delitos graves y recurso de apelación.

En cuanto a la obligación de terceros al pago de daños y perjuicios, propuso que se cuente con una instrumentación jurídica eficaz que permita de una manera ágil y oportuna, la obtención para ofendidos y víctimas del delito, del pago por daños y perjuicios exigible a terceros, propiciando que tales conceptos puedan pretenderse a través del Ministerio Público, el ofendido o cualesquier persona con derecho a los mismos, sus legítimos representantes, o mandatarios judiciales detentadores de simple Carta Poder, o aún por cualesquier persona allegada al ofendido por vínculos de parentesco o afecto, fijándose las reglas para ello.

Igualmente estableció la posibilidad de que el Ministerio Público, desde la consignación, ejercite la acción de pago de daños y perjuicios en contra de los terceros obligados, o bien, dentro de los cinco días posteriores a tal acto ministerial, haciéndose patente al ejercitarse esta acción, un doble aseguramiento de bienes: el aseguramiento ministerial y el aseguramiento judicial.

Por lo que hace a los peritajes, contempló necesario imponer al perito en sus dictámenes considere los gastos “inminentes y necesarios”, así como los gastos “indirectos necesarios” que nunca han sido considerados, además deberán tener en consideración los presupuestos médicos, terapéuticos, clínicos, hospitalarios necesarios, ya que a la fecha, en infinidad de casos de lesiones, solamente se exhibe con la consignación un dictamen médico que no hace alusión alguna al aspecto económico.

En cuanto a la figura de la libertad provisional y la evasión del procesado, propuso que cuando el procesado se sustraiga de la acción de la justicia, se le entregue al ofendido la garantía del pago de daños y perjuicios depositada por aquél, siendo el caso que hoy en día, la sustracción del procesado genera la suspensión del procedimiento hasta en tanto se realice su aprehensión, con el consiguiente perjuicio económico para el ofendido.

En el tema de la ejecución de sentencia, propuso la creación de un sistema de ejecución de sentencias penales, aplicable tanto al inculpado como a los terceros obligados dándosele celeridad al tratamiento legal a los objetos del delito, así como a los bienes muebles e inmuebles asegurados.

En otro punto, comentó sobre los delitos graves que las personas sentenciadas no tienen posibilidad alguna de libertad, lo que motiva la falta de interés a pagar daños y perjuicios al ofendido. Ante esta circunstancia, planteo que el acusado cuente con alguna motivación para pagar al ofendido daños y perjuicios, consistiendo en la reducción de las penalidades aplicables hasta en un veinticinco por ciento.
Finalmente, señaló en cuanto al recurso de apelación, que a las víctimas no sólo se les satisfagan los daños y perjuicios causados por el delito, sino que sea una satisfacción cabal y oportuna de tales conceptos, debiendo considerarse que reparaciones de daños y perjuicios retardadas, resultarían en la gran mayoría de los casos inútiles e ineficaces ante daños materiales y personales consumados irreparablemente. En ese sentido consideró necesario que exista una simplificación judicial que abrevie los tiempos de los pronunciamientos legales definitivos.

Al cierre de su ponencia, la licenciada Lizbeth Loy Song Encalada, Magistrada Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Quintana Roo, presentó un video referente a la Reparación del Daño, Justicia a la Víctima.

6. En réplica a la anterior ponencia, el licenciado Manuel González Carrillo, Procurador General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, se manifestó en primer término, respecto a la obligación de terceros al pago de daños y perjuicios, contra la postura de que el ofendido o cualquier persona con derecho a la reparación del daño, comparezca mediante mandato judicial acreditándose con simple carta poder, pues dicho documento carece de fuerza legal para semejante pretensión y más aun cuando se trata de exigir a terceros por la vía civil el cumplimiento del pago de daños y perjuicios.

En ese mismo sentido, señaló la importancia de delimitar que al momento en que el Ministerio Público decida la consignación, ejercite la acción de pago de daños y perjuicios, sometiéndose desde luego al procedimiento adecuado si se encamina al autor del ilícito o hacia el tercero obligado al pago de los mismos, sin necesidad de que se amplíe la relación de quienes pudieran considerarse con derecho a la percepción con cargo a terceros, pues la reparación del daño a cargo directo del delincuente constituye pena publica sobre la que el juez debe resolver precisamente en la resolución del proceso, pero la exigible a terceros tiene el carácter de responsabilidad civil y debe tramitarse en forma de incidente ante el propio juez de lo penal, o en juicio especial ante los tribunales del orden civil, por lo que consideró necesaria la homologación de códigos de las entidades federativas.

Respecto al doble aseguramiento de bienes, lo consideró adecuado enfatizando el respeto al derecho constitucional de igualdad procesal y el derecho de audiencia, para que dentro de un marco de absoluta legalidad, se garantice a la victima el pago de la reparación del daño causado.

En cuanto a los peritajes, consideró inadecuada la obligación de que los peritos contemplen en sus dictámenes los presupuestos médicos, terapéuticos, clínicos, hospitalarios, etc., tomando en consideración la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo establecerse metodológicamente los parámetros para asentar estos criterios a fin de dictaminar los citados gastos.
Por otra parte, realizó observaciones en cuanto a la libertad provisional y la evasión del procesado, destacando la nula reparación del daño causado a la víctima y coincidiendo en el tema de los delitos graves, en el que se menciona la reducción de las penas en este tipo de delitos para motivar el pago al ofendido.

Finalmente, sugirió en cuanto al recurso de apelación, una simplificación judicial que abreve los tiempos de los pronunciamientos legales definitivos a efecto de llevar a cabo la reparación de daños y perjuicios. En ese mismo sentido, recomendó la elaboración de un análisis sobre la posibilidad de elevar al rango de delito la irresponsabilidad del servidor público que no cumpla con el respeto a los derechos de la victima.
En uso de la palabra, el licenciado Juan Manuel Jiménez Alegre, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, comentó a los participantes que desde el mes de noviembre de 1996 entraron en vigencia reformas a los códigos sustantivos locales, en las que se contempla a la víctima parte del proceso penal, pudiendo solicitar la reparación del daño a petición de parte.

Asimismo, los procuradores generales de justicia de los estados de Sonora y Tabasco, se pronunciaron por la creación de la figura de la defensoría de oficio en beneficio de la víctima y por privilegiar la reparación del daño sobre la imposición de la pena, respectivamente.

Por otra parte, el licenciado Miguel Gastón Manzanilla Pavón, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, sugirió que en cada entidad se debe encontrar la mejor forma para salvaguardar la problemática específica en materia de victimología, buscando en medida de lo posible la unificación de los procedimientos.

Haciendo uso de la palabra, el licenciado Otto Sosapavón Yáñez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de San Luis Potosí, destacó que el artículo 20 Constitucional otorga el monopolio en materia de Reparación del Daño al Ministerio Público, por lo que consideró adecuado que dicha reparación se debe realizar a petición de parte. En ese sentido, el maestro Rosendo Gómez Piedra, en representación del maestro Bernardo Bátiz Vázquez, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, hizo del conocimiento de la mesa de trabajo que en dicha entidad se cuenta en la actualidad con una Ley para crear el fondo para la Reparación del Daño. 7. Capacitación y Actualización Ministerial y Judicial Respecto de la capacitación y actualización ministerial y judicial, el licenciado Abel Villicaña Estrada, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, a manera de antecedente, comentó que durante 1994 y 1995, surgió la Carrera Judicial, que se consolida como la primera propuesta para formalizar un incipiente Programa de Educación Judicial, destacó además los trabajos en materia de profesionalización y capacitación que han realizado la Conferencia Nacional de Procuradores Generales y La Comisión Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia; por otra parte acoto que la gran mayoría de Tribunales Superiores de Justicia de la República así como de las Procuradurías, establecen en sus leyes orgánicas, las bases para la formación y actualización de funcionarios, y el desarrollo de la Carrera Judicial o Ministerial, la cual se rige por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, así como los Institutos de Capacitación, Especialización y Mejoramiento profesional de la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los que se suman los Institutos Estatales Electorales, los Tribunales y Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y las Defensorías de Oficio. Destacó la importancia de crear una corriente profesionalizadora que sume la formación de servidores públicos involucrados en el ámbito jurisdiccional, que se consolide en un Sistema Nacional de Educación Judicial, a fin de incrementar la calidad profesional, técnica y humana de dichos servidores públicos, en concordancia con lo anterior, se creo la Escuela Judicial del Estado de México, que ha obtenido el reconocimiento de las autoridades de educación pública y que actualmente se encuentra en revisión sus planes y programas de estudio, y en breve concretara los planes de estudio de maestría y doctorado en derecho judicial. En ese sentido afirmó que las escuelas judiciales o ministeriales deben velar por la protección de los principios de equidad e igualdad de oportunidades y mantener la línea de la especialización. Propuso desarrollar una estructura tipo, así como una propuesta para crear escuelas ministeriales y lograr la operación conjunta, incluso la homologación de proyectos, que aporte elementos humanos para el trabajo ministerial o jurisdiccional y que en un futuro únicamente desarrollen a profesionales de una vigorosa formación práctica y de los más altos grados académicos.

En ese tenor propuso la creación del Sistema Nacional de Educación Judicial, una vez que se hayan establecido institutos, centros y escuelas en la mayoría de los estados de la Federación. 8. El licenciado Aquiles González Navarro, Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas, comentó la ponencia del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, abundando que en los años noventa en materia de procuración y administración de justicia, sobre todo en la primera, que la estructura jurídica procesal permitía que la averiguación previa y el posterior enjuiciamiento, no requerían investigaciones científicas para el esclarecimiento del delito, por un lado las determinaciones del Ministerio Público de inejercicio de acción penal y por otro lado, la confesión como reina de las pruebas, facilitaba tanto al Ministerio Publico como al juzgador la determinación o resolución de los asuntos penales. Así mismo, el llamado Principio de Inmediatez en las declaraciones, facilitaba el trabajo de los investigadores, por lo que no se hacía necesario la capacitación y profesionalización de los órganos encargados de la procuración y administración de justicia, ni siquiera de los cuerpos policíacos; los mecanismos de ingreso del personal sustantivo de las Procuradurías y del Poder Judicial eran propios de la recomendación, en tanto que el de los cuerpos policíacos atendía al desempleo y no a la vocación.
En ese mismo orden de ideas, explicó que a partir de los años noventas, el derecho y procedimiento penal se modernizan, lo que obliga a los encargados de la procuración y administración de justicia a capacitarse, a profesionalizarse y a desarrollar acciones conjuntas que permitan la equidad, independencia y seguridad desde una vertiente de probidad y justa aplicación del derecho. En la actualidad, la mayoría de los Tribunales Superiores de Justicia de la República y de las Procuradurías Estatales consagran la carrera judicial y ministerial.

Por otro lado, apoyó la propuesta de crear un Sistema Nacional de Educación Judicial y Ministerial y con ello, un Instituto por Entidad Federativa que podrá encargarse de la tarea de profesionalización y capacitación de todos los servidores públicos de la procuración y administración de justicia. De igual forma, compartió la idea de fortalecer dicha propuesta, estableciendo la homologación salarial de los Agentes del Ministerio Público a los que devengan hoy los Jueces de Primera Instancia.

Por último, resaltó la importancia de la humanización del ejercicio jurisdiccional, a fin de generar profesionales capaces en el conocimiento del derecho y eficaces en la aplicación de la justicia. El profesional de procuración y administración de justicia debe involucrarse, sin caer en la parcialidad, en el problema que padecen o que reclaman los justiciables o peticionarios de justicia.

En uso de la palabra el Procurador General de Justicia del Estado de Puebla, propuso que el tema de la capacitación se considere adicionalmente a los integrantes de los órganos que procuran justicia.
La Procuradora General de Justicia del Estado de Nuevo León, licenciada Alida Bonifaz Nuñez, apoyó las ideas del Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas y se pronunció por privilegiar la capacitación regional a fin de abatir costos en la transportación y hospedaje.

Por su parte el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Colima, comentó que el día de hoy dio inicio la maestría de procuración de justicia, la cual es patrocinada por el Estado y en colaboración con la Universidad de Colima, lo que reduce considerablemente su costo.

El maestro Rosendo Gómez Piedra, Subprocurador de Averguaciones Previas del Distrito Federal, refirió que existe un convenio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal con la Secretaría de Educación Pública, en el que se reconoce a los agentes de policía judicial que cumplan con todos los créditos y requisitos exigidos con una cédula o autorización profesional, así mismo entrego un ejemplar de la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal (Anexo I).

El licenciado Angel Mario Balcazar Martínez, Procurador General de Justicia del Estado de Tabasco, a este respecto dijo que los reconocimentos relativos a las certificaciones obtenidos a través de CENEVAL son complicados, por lo que estimó que a través de los mecanismos de SEP y UNAM, se solventarían dichos trámites.

9. En relación con Los Tribunales y las Procuradurías ante los Tratados Internacionales, el licenciado Víctor Rolando Díaz Ortiz, en representación del licenciado Juan Luis González Alcántara Carrancá, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, señaló como antecedente que en la década pasada, la función judicial en el ámbito internacional no sólo se expandió notablemente, sino que también sufrió radicales cambios de fondo.

En ese tenor comentó, que existe una tendencia mundial de transnacionalización del derecho, que va desde el fortalecimiento de los tribunales supranacionales hasta la aplicación directa de normas del derecho internacional, por parte de las jurisdicciones locales, además precisó que el hecho de llevar al plano internacional la protección de los bienes más preciados por la comunidad, no garantiza que su manejo sea objetivo, imparcial y alejado de implicaciones políticas.

Siguiendo con su ponencia, analizó la manera en que algunas decisiones de tribunales internacionales afectan o repercuten seriamente en el desempeño de las procuradurías y tribunales mexicanos, creando con ello incertidumbre jurídica en el país.

Se refirió a la creación de la Corte Penal Internacional, cuyo objetivo es el investigar y perseguir a personas que hayan cometido los crímenes más graves de trascendencia internacional tales como: genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra; y en función de dichas acciones, mencionó que existen varios problemas en la arquitectura de esa corte que la puede transformar en un instrumento político que opere a favor de las grandes potencias mundiales dejando a países en vías de desarrollo en una situación de vulnerabilidad en lo referente a su soberanía.

Dentro de los problemas referidos en esa corte, destacó el denominado principio de contrariedad y el excesivo poder que se confiere al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Por otro lado, abordó el tema del doble discurso que algunas naciones tienen respecto a la justicia internacional, ya que para algunos países los tribunales internacionales y los principios de jurisdicción universal habrán de imponerse a todo el mundo, operando el principio de exclusión para ellos.
Hizo también una breve observación respecto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de la forma en que ese Tribunal pudiera estar expuesto a presiones políticas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene como objetivo la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Señaló la adherencia de México a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el año de 1981 y resaltó la preocupación del Estado mexicano y de sus instituciones de procuración e impartición de justicia en determinados asuntos internacionales como lo es el caso Alfonso Martín del Campo Dodd.
El objetivo que planteó al haber expuesto este tema, es el de resaltar algunos de los efectos negativos que la globalización de la justicia podría tener sobre las procuradurías y tribunales de la República; admitiendo que en dicha globalización no todo es negativo, por el contrario, dentro de este proceso se pueden generar amplios beneficios para la humanidad en general.

El licenciado Guillermo Pacheco Pulido Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Estado de Puebla, comentó que el juicio de amparo contraría la ley de amparo, y que por lo tanto la SCJN contradice los Tratados de Viena; ya que los tratados no pueden tener mayor jerarquía a la Ley de Amparo, por lo que su propuesta concreta es que los tratados internacionales para ser efectivos deben seguir el mismo procedimiento que una reforma constitucional.

10. Como réplica a la exposición sobre los tribunales y las procuradurías frente a las cortes y tratados internacionales, el licenciado Oscar Díaz Gómez, Subprocurador General de Justicia Zona Oriente en representación del Procurador General de Justicia del Estado de Morelos licenciado Guillermo Adolfo Tenorio Avila, mencionó que el tema de la procuración y administración de justicia en el ámbito internacional conlleva necesariamente a los Tribunales de la Haya, a los Tribunales de Derechos Humanos y a la recientemente creada Corte Penal Internacional, señalando que la lentitud en sus trámites, las facultades discrecionales para atender los asuntos de su competencia y la casi absoluta imposibilidad de ejecutar sus resoluciones en contra de las grandes potencias, hacen perder la credibilidad en estas instituciones, motivos por los cuales se pronuncia a favor de lo expuesto por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, añadiendo las siguientes consideraciones: La Corte Penal Internacional, se encuentra entrampada en un conflicto de intereses atendiendo a que varios países se oponen a ratificar el estatuto, no obstante haberlo firmado en el pasado, evidenciando una profunda contraposición de intereses de los países de la comunidad internacional, por lo que consideró valorar la ratificación del estatuto por nuestro país, tomando en cuenta que es momento de hacer un pronunciamiento y evitar que el proceso continúe y pueda eventualmente aprobarse en el Senado, sin opiniones para que se le de reconocimiento constitucional a los tribunales internacionales, establecidos en tratados de los que México forma parte.

En ese mismo sentido, enfatizó la necesidad de preparar a las instituciones de administración y procuración de justicia, para hacer frente a los procedimientos a que estas instancias tanto internacionales como locales las sujetan, estimando como propuesta viable el intercambio interinstitucional eficiente respecto de los casos específicos que se vayan presentando, sobre todo en el ámbito internacional preparando especialistas, tanto para solventar los litigios, como para orientarnos hacia el interior de nuestras instituciones.

11. A continuación, el licenciado Raúl Bolaños Cacho Guzmán, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, cedió el uso de la palabra al diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, Presidente de la Conferencia Mexicana de Congresos y Legisladores Estatales, quien en uso de la palabra manifestó la Conferencia Mexicana de Congresos es una Organización Plural Autónoma e Independiente, que reconoce la diversidad ideológica y política de los Diputados estatales, para fortalecer la vida institucional y para consolidar las soberanías de las entidades federativas. Para nosotros estos últimos años de consolidación democrática han significado el relanzamiento de la centralidad del poder legislativo estatal, que invoca a una reforma de fondo del poder legilslativo, que fortalezca la institución parlamentaria como órgano de poder colegiado y potencie la autoridad y liderazgo de los diputados estatales.

Para los diputados locales, la coyuntura política actual da espacios para revisar el pacto federal y con ello replantear las relaciones entre los distintos niveles de gobierno, a fin de revisarlo sin que ello implique modificaciones de instituciones y prácticas en y desde el ámbito federal; por el contrario, se trata de construir de las orillas al centro, de la provincia a la capital y del nivel estatal al nivel federal. Esto es, un ejercicio de redimensionamiento del federalismo; es una convocatoria a sumar esfuerzos, a coordinar políticas públicas, a emprender acciones en los distintos órdenes de gobierno y en los distintos poderes públicos para que la justicia sea más pronta y expedita.

En esta conferencia, estaremos atentos a las conclusiones que de este encuentro se deriven, para impulsar los cambios legales que se estimen procedentes. En ese sentido ofrecemos ser vínculo de contacto, coordinación, cooperación e información con los Congresos Locales; viéndose de esta manera, enriquecida la dinámica legislativa con el trabajo conjunto entre ustedes y los legisladores locales.

12. El segundo día de trabajo, dio inicio con el tema Desarrollo de la Informática en la Administración y Procuración de Justicia, con la intervención del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, Magistrado licenciado Guillermo Narvaez Osorio, quien explicó los avances de la tecnología aplicada en el proceso de modernización del Poder Judicial en su Estado, la que inició con la revisión del marco de actuación, a fin de determinar la misión de esa institución consistente en impartir justicia con alto sentido humano, moderno y profesional; asimismo comentó que se definieron los objetivos y metas, resultando la elaboración de un programa institucional de desarrollo informático; que involucra el control de asistencias, instalación de redes, adquisición de equipo de computo, comunicación inalámbrica y un portal web, sistematización de archivo y el diseño de un sistema de gestión, que persigue alcanzar la calidad en el servicio al ciudadano.

Destacó que la tecnología permite avanzar en la construcción de un estado moderno que responda con eficiencia al reclamo de la sociedad en su estado.

13. La replica de este tema, estuvo a cargo del licenciado Roberto Macías Macías, Procurador General de Justicia del Estado de Aguascalientes, quien destacó la importancia de contar con un proyecto integral de estrategia, modernización y calidad que contemple diversas variables como: actuación ética y honesta; profesionalización de personal; capacidad instalada y jurídica; administración y procuración de justicia con dignidad humana, mayores oportunidades para el personal; coordinación estatal y nacional; y sistemas de información y solvencia presupuestal.

En ese sentido, resaltó el contraste que existe entre el alto desarrollo tecnológico con los bajos salarios y el déficit de capacidad instalada. Por otra parte, señaló la necesidad de involucrar a todo el personal haciéndose imprescindible que el líder se involucre con el proyecto; el establecimiento de estructuras para participar en el proceso de cambio y desarrollo informático a partir de los conocimientos y experiencia del personal.

Así mismo comentó la conveniencia de que los procesos administrativos contengan diagnósticos, es decir, propuestas de solución, planes, programas y presupuestos y en su caso, realizar la reingeniería de los procesos. Apuntó que el desarrollo de herramientas informáticas se sobrepone a la compra de productos terminados, en ese sentido afirmó que el desarrollo de sistemas se debe realizar consistentemente con el personal sustantivo, a efecto de generar una visión integral, el compromiso con el producto, reduciendo la resistencia al cambio y los tiempos de instauración.
En cuanto a la estrategia de informática, expuso que debe facilitar la dirección aportando la información en línea y en tiempo real, indicadores de resultados para las áreas de desempeño, factibilidad de consultar los procesos particulares y la comunicación con el personal a través de medios como el correo electrónico, la videoconferencia y la transmisión de voz e imágenes; debe además facilitar los trámites y el control de trabajo privilegiando los conceptos de calidad, productividad y eficiencia, propiciando la relación con el público a través de los servicios remotos, logrando la conectividad con el resto de las instituciones, dio a conocer que en la procuraduría de su estado funciona ya, un sistema denominado “Sistema de Información Integral de Procuración de Justicia”, que permite la consulta del cien por ciento de las averiguaciones previas, en tiempo real, la actualización de las bases de datos, la contabilización de los expedientes y su conectividad con bases nacionales por módulos directos.

14. La reestructura de la Procuraduría General de la República, fue explicada por el licenciado Alejandro Ramos Flores, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de esa institución, realizada con fundamento en el Reglamento de su Ley Orgánica publicado el 25 de junio del 2003, señalando los criterios de áreas de nueva creación; fusionadas; e intocadas. Así mismo explicó las bondades de la reingeniería de la planeación y reasignación de funciones en un marco de innovación institucional, con una nueva mística de servidores públicos.

En uso de la palabra el licenciado Gilberto Higuera Bernal, Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, comentó que por lo que hace a la reestructura de la Subprocuraduría a su cargo, se buscó hacer un esfuerzo de homogenización de la imagen en las Delegaciones de esa Institución en el país, enfatizó que es clara la responsabilidad de atender al reclamo de la sociedad para hacer frente a la delincuencia; comentó que la incidencia delictiva en este ámbito radica en diez delitos fundamentalmente; reconoció que la prioridad es lograr el acercamiento con autoridades locales y servirles mejor, por lo que se está trabajando adecuándose a la problemática particular de cada uno de los estados, a fin de coadyuvar en el mejoramiento de la procuración de justicia del país.

En uso de la palabra el licenciado Humberto Castillejos Cervantes, Asesor del Procurador General de la República, comentó que derivado del acuerdo tercero del Tercer Encuentro de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales de Justicia, se presenta en este acto un anteproyecto de Código Federal de Procedimientos Penales a los asistentes el cual se basa fundamentalmente en un estudio comparado de las entidades federativas del país, así como de Alemania, Chile, Colombia, España, Francia entre otros sistemas jurídicos, para incorporar figuras que replantean la valoración de los elementos objetivos subjetivos y normativos, se retoman las tendencias de impulsar la ciencia penal en los centros de educación, replantea los conceptos de flagrancia cuasiflagrancia, a fin de impedir la inseguridad jurídica en los gobernados, recoge de manera comparada también los aspectos de oralidad y publicidad, que están perfectamente regulados en el exterior; concede mayores facultades a la policía, para realizar la investigación científica, propone agotar el proceso penal en seis audiencias; incorpora la teoría de las nulidades, así como la tecnología en el desahogo de probanzas..

En razón de lo anterior expuso existen corrientes que propugnan por el establecimiento de un proceso penal acusatorio e inquisitorio, reconoció que como se ha venido planteando existen diferencias entre estos procesos lo cual nos lleva a considerar el cambio del proceso penal, ponderó el gran avance que representa esta propuesta fundamentalmente el cambio de la oralidad en el proceso, es importante unirse a esta propuesta en aras de lograr el beneficio de la sociedad mexicana por lo que instó a los asistentes a sumarse a la propuesta del Procurador General de la Republica.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, consideró la rapidez de los cambios en la actualidad, la globalidad, la cibernética y el rezago del derecho frente a estos aspectos, coincidió en revisar la codificación de manera urgente.

El Procurador General de Justicia de Tlaxcala, reconoció la dinámica de la realidad y el rezago en el que se ha visto inmerso el derecho, por lo que hoy resulta imprescindible el análisis, instó a ser audaz, y asumir la responsabilidad de hacer un análisis urgente. El Procurador General de la República reconoció que la propuesta es un aporte de todos, que es una propuesta que surge de las reuniones, propuso hacer un debate serio amplio y lo mandaran a todos con el fin de discutirlo y sacar discusiones, lo que se pretende es un documento tipo, con respeto a la soberanía de los estados sin embargo se respeta a quien no quiera, agradeció la oportunidad de contar con un documento como este, por lo anterior pone a disposición el proyecto a efecto de analizar su contenido y en su caso celebrar una reunión extraordinaria para de ser el caso aprobarlo.

15. Posteriormente, el licenciado Sergio Santibáñez Franco, Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca, presentó el tema el Valor de la Legalidad, en donde inició por precisar que la legalidad deviene de la necesidad de respeto que merecemos como seres humanos, de la necesidad de tener, adoptar, y procurar normas de convivencia humana que nos permitan vivir y convivir en armonía. En este contexto, señaló que el problema de México, en materia de legalidad no es una cuestión de leyes, sino de cultura en este tema.

Propuso una amplia difusión de nuestro orden jurídico, para de este modo contribuir a un mejor modo de vida y evitar que se cometan actos que atenten contra la legalidad.
Destacó que son los intereses y necesidades de un pueblo las que determinan las formas de creación, interpretación y aplicación del derecho; en contraposición afirmó que grupos de personas han unido esfuerzos para evitar el cumplimiento de la ley, para confrontar a las instituciones de gobierno, bajo el pretexto de demandas justas.

Externo su preocupación por la existencia de falsos redentores sociales, que bajo ese pretexto violentan y vulneran el estado de derecho.

Finalmente insistió que la legalidad no únicamente es el presupuesto básico de todo estado de derecho, sino que por si misma es un derecho humano sin el cual no es posible el ejercicio cabal del respeto a las garantías otorgadas por nuestra constitución.

16. El Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, propuso conformar una comisión que acuda a la Cámara de Diputados, a efecto de plantear la posibilidad de canalizar mayores recursos para las instancias de procuración y administración de justicia, la cual está integrada por los Procuradores de los estados de Baja California, Jalisco yTamaulipas, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y el Secretario de Protección Ciudadana.

La licenciada Gloria Brasdefer Hernández, Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se unió a la propuesta de integrar la comisión antes citada.

El licenciado Roberto Bodegas Pérez Lamar, Subprocurador General de Justicia del Estado de Chiapas, propuso realizar reformas a los artículos 87 y 155 de la ley de Amparo de conformidad con el documento que entrega (Anexo II)

El maestro Rosendo Gómez Piedar, Subprourador de Procesos del Distrito Federal, propuso aumentar el plazo para el ejercicio de la acción penal en tratándose de detenido, de conformidad con el documento que entrega a los asistentes. (Anexo III).
17. En el rubro de asuntos generales, se estableció como fecha para la celebración del V Encuentro de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia el mes de agosto del 2004 en el Estado de Puebla.
Por lo que habiéndose tratado todos los asuntos generales que anteceden los participantes a la presente reunión llegamos a los siguientes:

----------------------------------------------ACUERDOS--------------------------------------------

PRIMERO.- Tratados Internacionales.
Crear una Comisión integrada por los Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia de los estados de Sinaloa, Puebla y del Distrito Federal, así como por los Procuradores Generales de Justicia de los estados de México, Puebla y Morelos, con la finalidad de analizar de manera conjunta los efectos de la suscripción, ratificación y entrada en vigencia de los tratados internacionales de los que México sea parte en materia de procuración y administración de Justicia; una vez realizado el análisis de los instrumentos internacionales correspondientes, deberá remitirse a los demás Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y a los Procuradores Generales de Justicia para su conocimiento.

SEGUNDO.- El procedimiento oral en la administración y procuración de Justicia.
Los Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales de Justicia del país, coinciden en la necesidad de modernizar el sistema de enjuiciamiento penal en México, y en seguimiento al acuerdo tercero de su II encuentro celebrado en Guanajuato, en relación con los acuerdos primero, segundo y octavo, manifiestan su apoyo para revisar y debatir, en su momento, el anteproyecto de Código de Procedimientos Penales tipo para unificar los procedimientos penales, revisar los términos procesales, incorporar una estrategia nacional de medios alternativos de solución de conflictos, la regulación secundaria adecuada de los derechos de las víctimas u ofendidos por los delitos, para su atención integral e impulsar reformas para recoger el procedimiento oral en materia penal, para trabajar en un proyecto conjunto a efecto de modernizar el sistema de justicia penal en México.

TERCERO.- Asuntos Generales.
Se estable como sede para el V Encuentro de Presidentes Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales de Justicia del País, el Estado de Puebla, estableciendo como fecha la segunda quincena del mes de agosto del 2004.

En virtud de lo anterior, los participantes dieron lectura a la presente minuta y no habiendo otro asunto que tratar, se procedió a su firma, siendo las catorce horas del día veintidós de agosto de dos mil tres, firmando al calce y al margen los participantes que se señalan.