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Señoras Magistradas, Señores Magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado;
Señora Consejera, Señores Consejeros integrantes del Consejo del Poder Judicial del Estado;
Doctor Salvador Jara Guerrero, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo;
Diputado Sarbelio Augusto Molina Vélez, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado;
Señoras y señores:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 84 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, 17 fracción VII, y 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, a nombre del Poder Judicial michoacano, y con la presencia de los Plenos del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, rindo el informe 2014 del estado que guardan la impartición y administración de justicia en Michoacán.
El anhelo de justicia es una constante y permanente demanda de toda sociedad.
Sin justicia, podemos afirmar, no hay estructura social que permanezca, ni desarrollo posible que pueda concretarse.
Sin justicia no hay esperanza ni bases sólidas en las que pueda sostenerse proyecto alguno.
La materialización de la justicia se configura, entonces, como uno de los aspectos más importantes del quehacer estatal y se incardina en la función jurisdiccional.
La impartición y administración de justicia en el Estado ha dado pasos firmes, ciertos y seguros en la modernización institucional, normativa y estructural que reclaman las y los michoacanos.
Todas y cada una de las acciones que integran el contenido del informe que hoy presento a la consideración de los Plenos del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a toda la sociedad michoacana, reflejan y constatan la profunda vocación de servicio de la judicatura estatal.
Sin pretender ser exhaustivo, considero pertinente destacar las acciones más relevantes que han fortalecido el acceso a la justicia a las y a los michoacanos durante el periodo que se informa.
El fortalecimiento de la justicia familiar es una realidad tangible.
El pasado 8 de diciembre empezaron a funcionar los dos nuevos juzgados especializados en materia familiar creados por el Consejo del Poder Judicial para Morelia.
Asimismo, están por culminar los trabajos que lleva a cabo el Comité integrado por dos magistradas, un magistrado y un consejero, que analizan la viabilidad de transitar a la oralidad en materia familiar.
Tanto la oralidad en la justicia mercantil, como el ámbito de la ejecución de sanciones penales, registraron avances objetivos durante 2014, fortaleciéndose ambas esferas jurisdiccionales en beneficio de la ciudadanía.
En el marco de esta sesión extraordinaria, es satisfactorio poder destacar que el Poder Judicial del Estado está preparado para la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia procesal penal.
En menos de dos semanas, Michoacán se sumará a todas aquellas entidades federativas que han implementado la reforma constitucional de 2008 en materia de justicia penal.
La sociedad michoacana puede estar segura que la administración de justicia se realiza de conformidad con los más altos y exigentes estándares de control presupuestal, con prudencia y racionalidad, procurándose, en todo caso, el mejoramiento del servicio público de acceso a la justicia.
En el año que se informa cuatro fueron los ejes estratégicos que se trazaron con el propósito de cumplir con el mandato constitucional que tiene el Poder Judicial.
El primero de ellos corresponde a la capacitación.
Elemento preponderante en la formación de recursos humanos más preparados y actualizados, es indudable que la capacitación coadyuva para materializar un trabajo jurisdiccional y administrativo más eficiente que responde a las nuevas exigencias de calidad y retos que nos plantea la sociedad.
En este sentido, se diseñaron e implementaron programas académicos de capacitación para todos los integrantes del Poder Judicial.
Magistrados, consejeros y jueces participaron en numerosas actividades de actualización, según la materia de su competencia, que incluyeron estancias prácticas e intercambio de experiencias con otros tribunales.
Particularmente, durante 2014 se intensificó la preparación y capacitación de los recursos humanos que asumirán, en fecha próxima, las funciones jurisdiccionales, administrativas y de mediación del nuevo sistema de justicia procesal penal.
El segundo eje estratégico que fue fortalecido a lo largo de 2014 es nuestro sistema de informática judicial.
El nuevo y reestructurado Centro de Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicaciones no sólo tiene la importante misión de instalar los equipos informáticos y proporcionar el mantenimiento adecuado a los mismos, además, está encargado de resguardar toda la información que se genera en el Poder Judicial michoacano, así como crear los programas necesarios para agilizar los trámites y el almacenamiento de datos.
Como parte de sus nuevas competencias, el CEDETIC será responsable de que se puedan desahogar pruebas, a distancia, en procesos judiciales, garantizando la plena operatividad del nuevo sistema de justicia penal.
Por su insoslayable trascendencia, el ámbito de las tecnologías de la información deberá seguir siendo fortalecido, pues con ello se coadyuva a materializar una justicia más pronta y expedita.
El tercer eje estratégico de esta administración es, sin lugar a dudas, el impulso decidido a nuestro programa de infraestructura.
Para cumplir con los retos que nos plantea el nuevo sistema de justicia penal, así como las características especiales de los propios juicios orales que se verifican en otras materias, aún con los limitados recursos económicos que tenemos, hemos llevado a cabo la construcción del mayor conjunto de espacios físicos.
Debe señalarse, al respecto, que la construcción de los nuevos edificios se ha hecho bajo novedosas concepciones arquitectónicas que privilegian los valores, los principios y las necesidades propias de una judicatura moderna, eficaz y eficiente, acorde a las expectativas sociales.
De igual forma, se amplió y expandió el programa de dignificación de espacios físicos que no sólo benefician a los servidores públicos del Poder Judicial, sino a los usuarios de la justicia y a la ciudadanía en general.
En el año judicial del que se da cuenta se fortaleció, como cuarto eje estratégico y de indiscutible relevancia, el conjunto de mecanismos alternos de solución de controversias en sede judicial.
He de señalar que, a mi llegada como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el 2002, tenía reticencia respecto a que este Alto Tribunal contara con una incipiente actividad de mediación.
No obstante, al participar en diversos programas de capacitación, observar la experiencia en otros tribunales y constatar el incremento exponencial de inconformidad de la sociedad, hoy estoy plenamente convencido que, a través de los medios alternos de solución de controversias, tenemos la posibilidad de resolver problemas que, de otra manera, tendrían que transitar por la vía contenciosa mediante procedimientos judiciales.
En este sentido, durante 2014 se potenció la capacitación de nuestros facilitadores, de manera que se pueda atender más eficazmente a la ciudadanía, a través de la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa.
En síntesis, el conjunto de acciones mencionadas nos ha permitido que las cifras de asuntos resueltos por este Poder Judicial, constaten que magistradas y magistrados, consejera y consejeros, juezas y jueces, y personal en general, hayan cumplido cabalmente con su responsabilidad.
El Poder Judicial michoacano ha sido, y es, respetuoso con los Poderes Ejecutivo y Legislativo estatales.
Nuestras relaciones institucionales con otros tribunales del país también se vieron fortalecidas a lo largo del 2014.
Agradezco la presencia de los señores magistrados
Juan Manuel Ponce Sánchez, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Aguascalientes;
Daniel Gallo Rodríguez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur;
Fidel Gabriel Villanueva Rivero, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana Roo;
Magistrado Jorge Magaña Tejeda, representante del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima;
Magistrado José Alfredo Fierro Beltrán, en representación del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua;
Magistrado José Manning Bustamante, en representación del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo.
Y al Magistrado Armando Maitret Hernández, Secretario Técnico de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia.
No puedo dejar de mencionar la activa interacción que durante el año que se informa se desarrolló con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, donde el Poder Judicial michoacano mantiene la vicepresidencia de la región centro.
El Poder Judicial ha presidido los intensos trabajos del Consejo implementador del nuevo sistema de justicia penal.
Asimismo, atención especial se ha prestado en esta administración a las legítimas demandas de nuestro personal sindicalizado.
Señoras y señores:
En próximos días estaremos rememorando y conmemorando el bicentenario de la instalación del primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.
Fueron estas tierras michoacanas, en el municipio de Ario, donde a instancias del Siervo de la Nación, don José María Morelos, se cumplió el mandato constitucional de Apatzingán naciendo el primer Alto Tribunal mexicano.
A doscientos años de ese momento, es nuestro deber cumplir con la parte que históricamente nos corresponde, sin que ello signifique soslayar los ideales que nos dieron origen como Nación libre e independiente.
Por ello, debemos seguir generando cambios y transformaciones profundas.
Tanto el Ejecutivo como el Legislativo estatales tienen el compromiso de aportar, en el marco de sus respectivas competencias y atribuciones, lo necesario para que este Poder Judicial, que es un poder soberano, tenga los medios y los mecanismos normativos, informáticos y de infraestructura suficientes para estar en condiciones de cumplir con su mandato constitucional.
El bicentenario del Supremo Tribunal de Ario debe motivar la reflexión en el sentido de que es imperativo que el Poder Judicial consolide su autonomía e independencia no sólo en su función jurisdiccional, misma que ejercemos plenamente, libre de presiones e interferencias, aún de aquéllos que argumentando presiones al Poder Judicial, pretenden hacer lo mismo.
La independencia judicial debemos culminarla con una autonomía financiera, dándonos la oportunidad, al igual que a los otros dos poderes estatales, de incidir en la resolución y ejercicio de nuestras propias necesidades, asignando en la propia Constitución del Estado, un porcentaje fijo.
¡Qué mayor reconocimiento a la igualdad de poderes y a la brillante trayectoria histórica que Michoacán ha tenido en la impartición y administración de justicia, que dotarlo de la plena autonomía financiera!
Hagamos entre todos una mejor justicia para Michoacán.
Agradezco su atención.
Morelia, Michoacán, 19 de febrero de 2015.
Magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora,
Presidente del Poder Judicial del Estado.